Foto: Antonio Rodiles, conocido opositor cubano y realizador del programa independiente Estado de SATS.
Según la información recibida, al menos 37 personas habrían sido detenidas desde el 7 de noviembre de 2012 en Cuba, en especial en La Habana y Camagüey. De acuerdo a diversas fuentes, la primera detención habría sido la de la abogada Yaremis Flores, tras lo cual habrían sido detenidos Antonio Rodiles, Laritza Diversent, Veizant Boloy y Ailer González. Diversas organizaciones cubanas indicaron que varias personas, entre ellas Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar y otros activistas, se presentaron en la estación de policía de Acosta, en La Habana, a fin de reclamar la libertad de quienes fueron arrestados, resultando a su vez detenidas. La defensora de derechos humanos Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, declaró que posteriormente fueron detenidos arbitrariamente su esposo, Angel Moya, junto a Julio Aleaga, Librado Linares, Félix Navarro, Iván Hernández Carrillo, Eduardo Díaz Fleites y Guillermo Fariñas Hernández.
Adicionalmente, en la Ciudad de Camagüey, habría sido detenido en un procedimiento violento Virgilio Mantilla Arango, y más tarde Humberto Galindo Moya, Elicardo Freire Jiménez y Ángelo Guillermo Álvarez Olazábal. Las personas que se habrían presentado en la unidad de policía del Reparto Garrido en la Ciudad de Camagüey para exigir la libertad de los detenidos, también habrían sido arrestados; ellos serían Pablo Jiménez, Alberto Faustino Calá, Jeiser Torres y Santos Manuel Fernández Sánchez.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena estos hechos violatorios de los derechos fundamentales de la población, consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, firmada por Cuba, en particular el derecho a la libertad de expresión y los derechos de justicia; de sufragio y participación en el gobierno; reunión; asociación; petición; protección contra la detención arbitraria y derecho a un debido proceso.
Algunos defensores indicaron que las detenciones podrían haber tenido lugar a fin de impedir la realización de una reunión organizativa de los firmantes de la Demanda Ciudadana por Otra Cuba, proyecto que busca la ratificación por parte de La Habana de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, así como Económicos, Sociales y Culturales. La reunión estaba programada para el 8 de noviembre de 2012.
El Informe Anual de la CIDH de 2011, al referirse a Cuba, da cuenta de “la persistencia de la práctica de detenciones arbitrarias temporales, que se prolongan horas o pocos días, contra personas identificadas como opositores del régimen, para evitar que participen en actividades políticas o como respuesta a manifestaciones o circulación de mensajes críticos al Gobierno”.
La organización Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) indicó que durante el mes de octubre habrían sido detenidas 520 personas por motivos políticos en Cuba, y que en lo que va del año 2012, tienen registrados 5.625 casos de detenciones temporales o procesamientos por motivos políticos.
La CIDH reitera que las restricciones a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones al derecho de residencia y de tránsito, configuran una situación permanente de trasgresión de los derechos fundamentales de sus ciudadanas y ciudadanos cubanos e insta al Estado a realizar las reformas necesarias conforme a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La Comisión Interamericana insta al Estado de Cuba a adecuar sus normas procesales a los estándares internacionales aplicables en materia de debido proceso, a fin de que las personas que acudan a los tribunales para la determinación de sus derechos y responsabilidades, cuenten con garantías legales mínimas para ejercer sus medios de defensa. Asimismo, la Comisión insta al Estado cubano a adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir y erradicar las distintas formas de hostigamiento contra quienes ejercen el derecho de asociación y de reunión.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
