OMCT acusa a #España de falta de voluntad para garantizar la no repetición de #torturas y malos tratos

ESPAÑA: La campaña de descrédito contra una rigurosa investigación sobre la tortura refleja una falta de voluntad para garantizar la no repetición de los hechos

Barcelona/ Mambí en A/ La OMCT deplora enérgicamente las críticas realizadas por varias fuerzas políticas y cuerpos policiales para desacreditar el informe realizado por el Instituto Vasco de Criminología de los casos de tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960 y 2014. Las autoridades deben abandonar el negacionismo y mostrar voluntad política para reconocer a las víctimas y cumplir las numerosas sentencias y recomendaciones de mecanismos internacionales.

En diciembre de 2017 se publicó el informe final del “Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960-2014”, un informe realizado por el Instituto Vasco de Criminología (IVAC-KREI) adscrito a la Universidad del País Vasco, por encargo de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco. La investigación la realizó un equipo multidisciplinar integrado por un total de 55 profesionales, liderado por tres reconocidos expertos, la doctora en derecho Laura Pego, el experto forense Francisco Etxeberria y el psicólogo Carlos Martín Beristáin.

Mediante la recopilación y análisis riguroso de más de 26.113 documentos, incluyendo sentencias judiciales y resoluciones de organismos internacionales de derechos humanos, y 1.027 testimonios de víctimas, 500 de ellos testimonios directos, la investigación permitió la elaboración de un censo de 4113 casos de personas (17% mujeres y 83% hombres) – nacidas o que viven en la Comunidad Autónoma Vasca- que han denunciado torturas y/o malos tratos entre los años 1960 y 2014.

Aparte del mapeo de casos, el informe también formula una serie de recomendaciones para abordar los retos pendientes en materia de prevención, investigación, sanción y reparación de la tortura a nivel estatal y autonómico. Entre estas, destacan aquellas dirigidas a revertir la impunidad y garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas. La investigación destaca que el Tribunal Supremo solo dictó 20 sentencias firmes por tortura de 31 personas detenidas bajo régimen de incomunicación (contra 49 funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil) y en un 60% de los casos los condenados fueron indultados, incluso en casos donde los perpetradores acumulaban varias condenas por la práctica de tortura.

La publicación del informe ha suscitado un gran apoyo de numerosos sectores y de las víctimas que por primera vez ven recogida su experiencia en un informe oficial. Sin embargo, también ha suscitado una campaña de desprestigio encaminada a desacreditar el trabajo y pedir su retirada, con declaraciones de varios partidos políticos y sindicatos policiales. En el último episodio, el 20 de marzo de 2018, la Secretaria General del Partido Popular vasco (partido que gobierna en España) declaró que el informe “es una ignominia” y exigió su “inmediata retirada”, alegando que eran los jueces los encargados de fijar los casos de posibles torturas en sentencias firmes y que el Gobierno vasco debía “proteger la credibilidad” de las fuerzas de seguridad (refiriéndose a la policía autonómica, la Ertzaintza”).

Previamente, el presidente del PP vasco en declaraciones al publicarse el informe, había afirmado que era “un disparate, absolutamente descabellado y un insulto” que el gobierno hubiera encargado la realización de este informe, pidiendo su “rechazo de plano” por “justificar a ETA”. Ninguna de estas acusaciones ha sido fundamentada en base a un análisis del estudio.

Desde el 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España en nueve ocasiones por haber vulnerado la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos prevista en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en particular por no conducir investigaciones efectivas respecto las denuncias de tortura formuladas por personas detenidas bajo el régimen de incomunicación en conexión con investigaciones por terrorismo. En la sentencia más reciente, en el caso Portu Juanenea y Sarasola Yarzábal v. Spain, emitida el 13 de febrero de 2018, el TEDH condenó a España por trato inhumano y degradante durante el arresto y la detención incomunicada de Igor Portu y Mattin Sarasola en 2008.

Asimismo, varios mecanismos internacionales, entre ellos el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, han documentado casos de tortura y malos tratos en España durante décadas. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en 2015 expresó su seria preocupación respecto a la falta de regulación debida del delito de tortura, el uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden, así como la impunidad y la ausencia de investigaciones exhaustivas y eficaces sobre las denuncias de torturas y malos tratos cometidos por los agentes del orden. Además, tanto el Comité Contra la Tortura como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas han solicitado repetidamente la abolición del régimen de incomunicación tanto en sus observaciones finales como en casos individuales como el caso Achabal Puertas c. España.

En 2003, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la cuestión de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Theo Van Boven, mostró su preocupación por la “reticencia a discutir la incidencia y la extensión de la práctica de la tortura en España, en la medida en que la tortura se ha convertido en un problema de elevado contenido político”.

La OMCT lamenta que a día de hoy la tortura siga siendo un tema tabú en el Estado español. Si bien la tortura y los malos tratos no son prácticas sistemáticas, las numerosas sentencias, opiniones y recomendaciones a nivel internacional evidencian la existencia del problema y que el debate debería centrarse en la implementación de las recomendaciones de los mecanismos internacionales para erradicar esta práctica y abordar las causas que la facilitan.

Por todo lo anteriormente expuesto, la OMCT insta a las autoridades españolas a reconocer públicamente la práctica de la tortura y a servirse de informes como el elaborado por el Instituto Vasco de Criminología para avanzar en el derecho a la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas de tortura y malos tratos.

Secretariado Internacional de la OMCT

Creada en 1985, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) trabaja por la erradicación de la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y cualquier otro tratamiento cruel, inhumano o degradante, así como por la protección de las personas defensoras de derechos humanos, a través de una coalición internacional de más de 200 organizaciones no gubernamentales, la Red SOS-Tortura.

Uniformados asesinan a varios venezolanos - #OMCT solicita acción URGENTE #Venezuela

Barcelona/ Mambí en A/ Kely Mejías, hermana de Yorman Mejías, desaparecido en Barlovento: "No lo acusaron de nada".

Venezuela: Consternación ante la desaparición y posterior ejecución de 12 personas en Barlovento por parte del Ejército

Caso VEN 041116.1

Seguimiento del Caso VEN 041116

Ejecución extrajudicial / Desaparición forzada / Tortura / Detenciones arbitrarias

El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención MUY URGENTE ante la siguiente situación en Venezuela.

Nuevas informaciones

El Secretariado Internacional de la OMCT ha sido informado por parte de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT, sobre el hallazgo, entre el 25 y el 26 de noviembre de 2016, de 12 cadáveres en una zona montañosa (sector Aragüita y sector El Café) del municipio de Acevedo, región Barlovento, estado Miranda, los cuales corresponderían a los Sres. Carlos Gabriel Marchena Silva, Eliecer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Miguen Aladejo, Luis Alirio Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Kendri González, Victor Manuel Martínez y Jairo Rivas[1].

Según las mismas informaciones, la Fiscalía 62ª Nacional con competencia en materia de Derechos Fundamentales imputó al Teniente Coronel José Ángel Rojas Córdova, quien se desempeñaba como comandante del Batallón 323 Caribe “José Camacaro Rojas”, con sede en la ciudad de Cumaná, estado Sucre, y a otros 10 militares adscritos a la misma unidad, por su presunta responsabilidad en la muerte de 12 personas.

El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su profunda consternación y condena ante la desaparición forzada, tortura y posterior ejecución por parte de efectivos militares de los Sres. Carlos Gabriel Marchena Silva, Eliecer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Miguen Aladejo, Luis Alirio Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Kendri González, Victor Manuel Martínez y Jairo Rivas. En consecuencia, la OMCT urge a las autoridades a llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los hechos denunciados, con el fin de identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales con penas adecuadas a la gravedad de los crímenes cometidos.

La OMCT manifiesta asimismo su seria preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de los miembros de las familias de las personas ejecutadas, así como de los testigos, y solicita a las más altas autoridades nacionales, estatales y municipales que tomen de manera urgente las medidas apropiadas para garantizar las mismas.

El Secretariado Internacional de la OMCT considera que estos hechos deben ser la gota que hace colmar el vaso y hace un llamado urgente a las autoridades venezolanas a poner fin a la Operación de Liberación y Protección del Pueblo[2], la ausencia de garantías y sujeción a los derechos humanos de la cual, incluyendo la progresiva militarización de las tareas de seguridad ciudadana, ha conducido a la comisión de graves abusos y vulneraciones a los derechos a la vida, integridad personal y libertad por parte de agentes militares y policiales, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, desapariciones y allanamientos ilegales a residencias, desde su inicio en julio de 2015, como han denunciado varias organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales[3].

Antecedentes de la situación

Los Sres. Carlos Gabriel Marchena Silva, Eliecer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Miguen Aladejo, Luis Alirio Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Kendri González, Victor Manuel Martínez y Jairo Rivas fueron detenidos el 15 de octubre del presente año en el municipio de Acevedo, estado Miranda, por parte de funcionarios del Ejército. Las detenciones se realizaron en el marco de uno de los operativos integrados en la OLP, llevado a cabo en el Municipio de Acevedo, entre el 7 y el 15 de octubre de 2016, con la participación de al menos 18 funcionarios del Ejército.

Los familiares denunciaron las desapariciones ante el Ministerio Público y ante la Defensoría del Público, Sede en Guatire, estado Miranda, quienes posteriormente les informaron de la realización de diligencias para esclarecer los hechos, con la participación de la Unidad de Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales[4].

Acción solicitada

Les solicitamos por favor que escriban a las autoridades venezolanas urgiéndolas a:

i. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a todos los hechos arriba denunciados, cuyos resultados se hagan públicos, con el fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales, llevarlos ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;

ii. Tomar de manera urgente las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los miembros de la familia de los Sres. Carlos Gabriel Marchena Silva, Eliecer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Miguen Aladejo, Luis Alirio Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Kendri González, Victor Manuel Martínez y Jairo Rivas, así como de los testigos;

iii. Disolver y cancelar la Operación de Liberación del Pueblo y, en su lugar, adoptar una estrategia para combatir el crimen organizado que esté basada en el respeto y la promoción de los derechos humanos, desmilitarice las funciones de orden público que corresponden a fuerzas civiles y prevea normas accesibles y transparentes sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego;

iv. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, de los cuales Venezuela es Estado parte, en particular la Convención Contra la Tortura.

Direcciones

• Sr. Presidente Nicolás Maduro Moros, Final Avenida Urdaneta, Esq. De Bolero, Palacio de Miraflores, Caracas, Distrito Capital, Venezuela, twitter: @NicolasMaduro

• Sra. Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la Republica, Edificio Sede Principal del Ministerio Público, Esquinas de Misericordia a Pele El Ojo Avenida México, Caracas, Distrio Capital, Venezuela, teléfono: +58 (212) 509 7244 / 509 7464, correo electrónico: ministeriopublico@mp.gob.ve

• Sr. Tarek William Saab, Defensor del Pueblo, Centro Financiero Latino, Avenida Urdaneta. La Candelaria, Caracas- Distrito Capital – Venezuela, teléfonos: 58 (212) 507 7006/ 7013, correo electrónico: contacto@defensoria.gob.ve

• Mayor General Néstor Luis Reverol Torres, Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Esquina Platanal, Este 1, Av. Urdaneta, Caracas, Distrito Capital, Venezuela, cuenta en twitter: @MIJPVenezuela, página web: mpprij.gob.ve

• General en Jefe Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa. Edificio Sede del Ministerio de la Defensa, Fuerte Tiuna, El Valle, Caracas, Distrito Capital. Venezuela, teléfonos: +58 (212) 607 7360 /607 1618, fax: +58 (212) 607 1645, cuenta en twitter: @prensaFANB

• Sra. Delcy Rodríguez Gómez, Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Avenida Baralt Sur 4, Caracas 1010, teléfono +58 (212) 860 0209, cuenta en twitter: @DrodriguezVen

• Sr. Jorge Valero, Embajador de la Misión Permanente de Venezuela ante la ONU en Ginebra. Chemin François Lehmann, 18A. 1218 Grand Saconnex, Ginebra. Teléfono +41 22 717 09 42/44, correo electrónico: mission.venezuela@ties.itu.int

Solicitamos asimismo que escriban a las Representaciones Diplomáticas de Venezuela en sus respectivos países.

Ginebra, 1 de diciembre de 2016

[1] Tres de ellos siguen sin haber sido identificados en el momento de publicación de esta acción.

[2] El 13 de julio de 2015 el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz (MPPRIJP) inició la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) como el nuevo plan nacional en materia de seguridad ciudadana destinado a combatir el crimen organizado. Sin embargo, no hay ningún documento oficial y público que detalle los objetivos, procedimientos y principios que deben regirla.

[3] Ver comunicados de prensa OMCT, 20 de mayo de 2015 (https://goo.gl/b1deiB); informe para el EPU de COFAVIC y OMCT, marzo de 2016 (https://goo.gl/PBtrMT); comunicado Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (https://goo.gl/D9v6Uu), 2 de noviembre de 2016. Más información en noticia de prensa de la BBC: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38126651 (28 de noviembre de 2016).

[4] Ver Acción Urgente VEN 041116.

Organizaciones de #DDHH envían una carta abierta conjunta al Presidente Enrique Peña Nieto #México

17 de marzo de 2016

Re: Preocupación frente a la campaña de desprestigio y difamación contra integrantes de organizaciones de derechos humanos y víctimas de violaciones de derechos humanos en México

Excmo. Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,

De manera muy atenta, las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a usted para expresar nuestra profunda preocupación frente a la campaña de desprestigio que están viviendo integrantes de organizaciones de derechos humanos que acompañan a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en México. Paralelamente, queremos manifestar nuestra inquietud aguda respecto a los actos de difamación y criminalización contra las víctimas de tortura y en particular las del caso conocido como los “4 civiles de Rosarito”[1].

En relación con las víctimas del mencionado caso, el 8 de marzo de 2016, el Sr. Héctor de Mauleón, en una columna del periódico El Universal, con el título “Secuestró, huyó y lo indemnizaron”, pone en duda su condición de víctimas y critica que se les haya indemnizado, reiterando su supuesta participación en múltiples homicidios, desapariciones, decapitaciones y secuestros[2]. Este hecho no constituye un caso aislado, ya que tenemos constancia de otros episodios de descalificación, particularmente en los meses posteriores a la decisión del Comité contra la Tortura[3].

El pasado 4 de marzo, en la estación 104.1 FM de Radio Fórmula, en el programa “Ciro Gómez Leyva por la mañana”, la Sra. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación “Alto al Secuestro”, aludió al caso “4 civiles de Rosarito” para denunciar un “modus operandi” en virtud del cual, las organizaciones de derechos humanos defenderían a presuntos secuestradores, ya sentenciados, para ganar pleitos y pedir indemnizaciones cuantiosas[4]. La acusación, en particular, se dirigía al Sr. José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), quien trabajaría en una “red de corrupción que se sirve de la tortura para hacer dinero”, junto con otras organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el apoyo del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, el Sr. Juan E. Méndez. En la misma dirección, se han publicado otros artículos recientemente en los que directivos y ex–directivos de la CMDPDH son calificados como “mercenarios de los derechos humanos” o “defensores de delincuentes”[5].

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra solidaridad y respeto máximo hacia el trabajo del Sr. José Antonio Guevara, la CMDPDH, CEJIL y secundamos el pronunciamiento público que divulgó la CMDPDH, esclareciendo los señalamientos e informaciones difundidas en el citado programa de radio.

Tememos que la reiteración de declaraciones públicas tendientes a desprestigiar a las víctimas y al movimiento de derechos humanos, incluyendo organizaciones de la sociedad civil y mecanismos internacionales, forme parte de una campaña de descrédito y criminalización en contra de estas, con el fin de deslegitimar su labor en defensa de los derechos humanos y poner en duda estándares internacionales de rango imperativo, como la prohibición absoluta de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Estas declaraciones tienen lugar en un contexto preocupante, por un lado, por la inacción gubernamental frente a dichos pronunciamientos y, por el otro, por la descalificación del trabajo de organismos internacionales de derechos humanos que llevan a cabo las autoridades mexicanas.

El 2 de marzo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe "Situación de derechos humanos en México" resultado de su visita in loco en septiembre/octubre del 2015. El informe confirma la grave crisis de derechos humanos que atraviesa México, con particular énfasis en las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura. En un comunicado firmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno mexicano desacreditó tanto la metodología, como el diagnóstico del informe.

En el transcurso de la misma semana, el 29 de febrero de este año, el Sr. Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, cuestionó la rigurosidad y la objetividad del trabajo de los mecanismos de la ONU en la apertura del 31º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Cabe precisar que, en el año 2015, el Comité contra las Desapariciones Forzadas y el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura publicaron informes en los cuales se urgía a las autoridades mexicanas a tomar un amplio abanico de medidas para hacer frente a la grave situación de derechos humanos que enfrenta el país.

Igualmente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH con el fin proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (Guerrero), ha sido el blanco de una ola de descalificaciones y señalamientos contra sus integrantes a medida que avanza el esclarecimiento de los hechos.

Señor Presidente, queremos recordar que en 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) fue notificada de casi 6 casos diarios de personas procesadas únicamente a nivel federal que denunciaban actos de tortura[6]. En el informe publicado recientemente por la CIDH se afirma que “la práctica de la tortura es alarmante en México”, destacando que “el Estado mexicano informó que la Procuraduría General de la República (PGR) contaba, al mes de abril de 2015, con 2.420 investigaciones en trámite sobre tortura, y que existen sólo 15 sentencias condenatorias por este delito a nivel federal”. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió entre 2006 y 2015 más de 9.200 quejas por tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

A las organizaciones firmantes nos preocupa profundamente lo que parece un patrón de descalificación por parte de las autoridades, de cualquier informe o pronunciamiento emanante de mecanismos internacionales que identifique la comisión de graves violaciones de derechos humanos en el país. Estas reacciones crean un terreno fértil para el señalamiento y estigmatización de víctimas y personas defensoras de derechos humanos por parte de actores privados.

En este marco, instamos al Gobierno de México:

- A tomar las medidas adecuadas para enfrentar la grave crisis de derechos humanos actual, observando e implementando las decisiones y recomendaciones de organismos expertos internacionales, de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano en virtud de la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos. En el mismo contexto, sería altamente recomendable que, en el transcurso de este año, los Relatores Especiales de la ONU sobre la cuestión de la tortura y sobre la situación de los defensores de derechos humanos, recibieran el visto bueno del Gobierno para realizar las visitas oficiales solicitadas;

- A garantizar, en particular en el caso de los ”4 civiles de Rosarito”, el pleno reconocimiento y legitimidad de las víctimas y tome las medidas necesarias para protegerlas de todo ataque o señalamiento que ponga en duda su inocencia y las exponga a la revictimización. Estas acciones se enmarcan en el deber que tienen las autoridades mexicanas de implementar cabalmente las medidas de reparación establecidas por el Comité contra la Tortura, entre las cuales se dictaminó la plena reparación, incluida una indemnización justa y adecuada y la rehabilitación de las víctimas;

- A reconocer públicamente la legitimidad y el valor de la labor que realizan la CMDPDH y en general las organizaciones de derechos humanos en favor de los derechos de las víctimas, de conformidad con el artículo 1º de la Constitución. Sr. Presidente, las organizaciones que suscriben esta carta confiamos en su firme compromiso con los derechos humanos e instamos a su Gobierno a condenar de forma pública los actos de desacreditación y difamación descritos en este comunicado y cualquier otro acto que señale a las víctimas y a las personas defensoras de derechos humanos en México.

Estimado Sr. Presidente, agradeciéndole su atención a la presente, nos suscribimos de usted muy respetuosamente,

Las organizaciones que suscribimos la carta:

Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT Francia)
Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights)
Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR)


A la atención de:


Excmo. Sr. Presidente Enrique Peña Nieto
Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán,
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF.
Fax: (+52) 55 5093 4901
E-mail: enrique.penanieto@presidencia.gob.mx

Con copia a:

Lic. Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores de México
Plaza Juárez 20, Piso 22.
Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México.
Teléfono: (+52) 55 3686 5100 Fax: (+52) 55 9159 6028


Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. Piso.
Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.
Teléfono: (+52) 55 5093 3400, Fax (+52) 55 5093 3414
E-mail: secretario@segob.gob.mx


Mtra. Arely Gómez González, Procuradora General de la República
Av. Paseo de la Reforma 211-213, Piso 16.
Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.
Teléfono: (+52) 55 53 46 01 08, Fax: (+52) 55 53 46 09 08
E-mail: arely.gomez@pgr.gob.mx

[1] El 16 de junio de 2009, Ramiro Ramírez, Rodrigo Ramírez, Orlando Santaolaya y Ramiro López fueron detenidos sin orden de aprehensión en Playas de Rosarito, estado de Baja California. Durante la aprehensión, el traslado y el arraigo en las instalaciones militares del 28º Batallón de Infantería, ubicadas en la ciudad de Tijuana, fueron sometidos repetidas veces a actos de tortura y malos tratos, incluyendo golpes, descargas eléctricas, simulación de ahogamiento con bolsas de plástico, extracción de uñas y amenazas de muerte con el fin de forzarlos a autoinculparse de los delitos de secuestro y posesión de armas. La CMDPDH, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y la OMCT presentaron el caso ante el Comité contra la Tortura en 2012. El 4 de agosto de 2015, durante su 55º período de sesiones, el Comité contra la Tortura concluyó que el Estado mexicano había vulnerado los artículos 1º, 2º, 12, 13, 14, 15 y 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos o Degradante, y dictaminó que las víctimas debían ser liberadas y reparadas por los actos de tortura a los que fueron sujetos. La tortura y los malos tratos infligidos tuvieron como objetivo la extracción de declaraciones autoinculpatorias que posteriormente fueron usadas para sostener su culpabilidad y la privación de libertad en espera de juicio durante más de 6 años.

[2] Hemos sido informados de que el Sr. de Mauleón rectificó su posicionamiento en un artículo titulado “Sólo es posible saber que la tortura existió” de fecha 15 de marzo de 2016: http://goo.gl/WR5LuM.

[3] Ver, por ejemplo, noticias difundidas por TV Azteca Puebla el 10 de marzo de 2016: https://youtu.be/0PHs29DslTs; grabación radiofónica del Grupo Acir el 12 de marzo de 2016: https://goo.gl/jLq7X8.

[4] Al mismo tiempo, desde la cuenta twitter de la Sra. Wallace, circularon unas infografías estableciendo conexiones entre personas y organizaciones en un supuesto complot para apoyar a delincuentes. Entre las personas señaladas, figuran reconocidos defensores de derechos humanos en México, entre ellos Marieclaire Acosta, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, Alejandra Nuño, Sergio Méndez Silva y Miguel Sarre.

[5] El 9 de marzo, El Universal publicó una columna del Sr. Héctor de Mauleón, titulada “Mercenarios de los derechos humanos”, en la cual se reiteran las supuestas pretensiones económicas de la CMDPDH, citando el caso Rosendo Radilla Pacheco y la emblemática sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el defensor torturado y desaparecido durante la “Guerra Sucia”.

[6] Comparecencia del Procurador Jesús Murillo Karam ante la Cámara de Diputados, 24 de septiembre de 2014; ver aquí, a partir del minuto 7:40

OMCT informa de la condena a Erwin Sperisen #Guatemala - Sentencia compromete a la justicia de #España

Barcelona/ Mambí en A/ La justicia de Ginebra condenó ayer a Erwin Sperisen por 10 asesinatos. El ex jefe de la policía de Guatemala fue declarado culpable de ejecuciones extrajudiciales y condenado a cadena perpetua. En opinión de las ONG que denunciaron la actuación de Erwin Sperisen, se ha hecho justicia y esta sentencia debe servir de ejemplo para proseguir la lucha contra la impunidad de los crímenes de Estado.

El 12 de mayo de 2015, a las 17h (UTC+2), la sala de lo penal del Tribunal de Justicia dictó sentencia y declaró a Erwin Sperisen culpable de 10 asesinatos. La sentencia se dictó en el Palacio de Justicia de Ginebra. Se ha declarado culpable al ex jefe de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala y se le ha condenado a cadena perpetua por 10 asesinatos cometidos durante la toma de la granja penal de Pavón en 2006 en Guatemala. Contrariamente al proceso de primera instancia el tribunal de apelación ha condenado el Sr. Sperisen en relación con su participación en las ejecuciones de personas fugadas de la cárcel «El Infiernito».

Para las ONG, la confirmación de la condena al Sr. Sperisen por la justicia de Ginebra constituye una señal inequívoca contra la impunidad de los crímenes de Estado. De manera unánime han acogido la sentencia con satisfacción:

Bettina Ryser, secretaria general de ACAT-Suiza: « Nos felicitamos por el coraje de los testigos, las víctimas y las ONG de Guatemala al denunciar las atrocidades cometidas. Esta sentencia es una prueba de que, pese a los obstáculos, la lucha de estas personas y organizaciones va poco a poco dando sus frutos y que hay que seguir defendiendo el Estado de derecho. »

Philip Grant, director de TRIAL (Track Impunity Always): « La sentencia es una prueba de que la justicia puede demostrar la implicación del Estado y sus representantes en graves violaciones de derechos humanos y hacer que rindan cuentas ante la ley. Deseamos que la condena a Erwin Sperisen sirva de ejemplo, sobre todo a las autoridades españolas, a las que les corresponde ahora juzgar a su superior directo, el ex ministro Carlos Vielman, por los mismos hechos. »

Gerald Staberock, secretario general de la OMCT: « La sentencia es una señal clara para las autoridades guatemaltecas de que deben hacer todo lo posible para garantizar a las víctimas el acceso a una justicia imparcial y poner fin a la impunidad endémica de los torturadores y autores de graves violaciones de derechos humanos. »

Chantal Woodtli y Claude Reymond de la CGAS: « La época de impunidad de la que se ha beneficiado durante demasiado tiempo la clase dirigente en Guatemala ha llegado a su fin. Esta sentencia lo demuestra y lo mismo cabe decir de las importantes manifestaciones llevadas a cabo para pedir el cese de la vicepresidenta Baldetti, envuelta en casos de corrupción. »

Resumen del caso Sperisen

Juicio

Entre el 15 de mayo y el 6 de junio de 2014 se celebró un juicio en primera instancia ante el Tribunal Penal de Ginebra, formado por siete jueces. Durante las dos semanas que duraron las vistas se llamó a unos quince testigos. Al haber presentado un recurso de apelación, la sala de lo penal del Tribunal de Justicia de Ginebra volvió a juzgarlo del 4 al 6 de mayo de 2015, esta vez sin la comparecencia de testigos. La sentencia de este juicio se dictó el 12 de mayo de 2015. El Sr. Sperisen puede recurrir todavía ante el Tribunal Federal, pero en ese caso sólo se tratarían cuestiones relacionadas con posibles vulneraciones legales o una apreciación arbitraria del fondo del asunto.

Procedimiento y detención

• Erwin Sperisen fue denunciado ante la justicia hace aproximadamente ocho años por una coalición de ONG, por atrocidades cometidas entre 2004 y 2007. La coalición de ONG denunciante luchó desde entonces sin cesar para que las autoridades penales ginebrinas llevaran a cabo una investigación judicial contra este ciudadano suizo-guatemalteco radicado en Ginebra. Guatemala dictó también una orden de detención internacional. El 31 de agosto 2012, Erwin Sperisen fue finalmente detenido por orden de la fiscalía de Ginebra.

• Al tener nacionalidad suiza, Erwin Sperisen no podía ser extraditado a Guatemala, pues la Constitución federal prohíbe a Suiza extraditar a sus nacionales: Suiza tiene la obligación de juzgarlos aun cuando los delitos los hayan cometido en el extranjero. Por consiguiente, el cantón de Ginebra era el único competente para investigar este caso.

• El Sr Sperisen fue escuchado por la fiscalía de Ginebra 11 veces durante las audiencias preliminares. Catorce testigos vinieron de Francia, Guatemala y España y cuatro comisiones rogatorias internacionales fueron enviadas a Austria, España y Guatemala. La investigación convenció al fiscal de la responsabilidad penal de Erwin Sperisen, puesto que en enero de 2014 decidió remitir al acusado al Tribunal Penal de Ginebra para que fuera juzgado por el asesinato de diez personas.

Contexto

Guatemala es un país caracterizado por un elevado nivel de violencia, perpetrada tanto por bandas de delincuentes como por las autoridades, que llevan mucho tiempo conviviendo con la delincuencia organizada y haciendo caso omiso del Estado de derecho. Sin embargo, el país cuenta con una Constitución y una legislación y ha ratificado los convenios internacionales para la protección de los derechos humanos. En Guatemala el asesinato o la pena de muerte son tan ilegales como en Suiza. Tampoco está permitido el asesinato de detenidos. La misión de los miembros de las fuerzas de policía es hacer respetar la ley y no tienen derecho a disponer de la vida o la muerte de sus conciudadanos. Por lo demás, otras personas implicadas en los mismos hechos han sido llevadas ante la justicia:

• Víctor Soto Diéguez, ex jefe de Investigación de la PNC, condenado a 33 años de cárcel en enero de 2015.

• Axel Arnoldo Martínez Arriaza y Víctor Manuel Ramos Molina, ex miembros del equipo de investigación de la PNC, condenados a 25 años de prisión incondicional.

• Javier Figueroa, ex brazo derecho de Erwin Sperisen, absuelto por un jurado popular austriaco en 2014. Su hermano Aldo Stéfano Figueroa Díaz fue condenado a 15 años de cárcel en Guatemala.

• Carlos Vielman, ex ministro del Interior, sigue a la espera de ser juzgado en España. Según nuestras fuentes, está previsto que el juicio comience en Madrid en los próximos meses ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Solicitan #AcciónUrgente por seguridad de Párroco en #México

Barcelona/ Mambí en A/ El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicitan su intervención URGENTE ante la siguiente situación en México.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido con grave preocupación informaciones del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas, A.C” (Frayba), sobre amenazas de muerte, hostigamiento, seguimiento y vigilancia en contra del Sr. Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, y de otros integrantes del Consejo Parroquial. El Consejo Parroquial lleva a cabo actividades de denuncia en contra de la violencia, el tráfico de armas y de drogas, la corrupción a todos los niveles políticos, las deficiencias del Estado de derecho y la impunidad de las violaciones de derechos humanos en el municipio de Simojovel, Chiapas. El pasado 25 de febrero de 2015, la asamblea general de los creyentes católicos, compuesta en su mayoría por indígenas tseltales y tsotsiles, creó un Comité de Derechos Humanos para denunciar y visibilizar las múltiples y constantes violaciones perpetradas en la región, incluyendo dos secuestros.

Según las informaciones recibidas, el Sr. Pérez Pérez es objeto constante de amenazas, y el último incidente tuvo lugar el día 17 de marzo en el que varias autoridades locales habrían organizado una concentración frente a la Iglesia Parroquial, como forma de amenaza e intimidación en contra de las actividades que realiza, de denuncia pública de violaciones de derechos humanos.

A causa de las amenazas y a los riesgos para la vida, la seguridad y la integridad personal del Sr. Marcelo Pérez Pérez y de otros integrantes del Consejo Parroquial y el Pueblo Creyente de Simojovel, el pasado 7 de diciembre de 2014 el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Observatorio expresa su profunda preocupación por el clima de amenazas contra el Sr. Marcelo Pérez Pérez, así como otros defensores y defensoras de derechos humanos en la comunidad de Simojovel. Asimismo el Observatorio teme que las amenazas hayan sido motivadas en razón de las actividades en defensa de los derechos humanos que el Sr. Pérez y los otros defensores vienen llevando a cabo los últimos años.

Acción solicitada:

Por favor, escriban a las autoridades de México instándolas a:

i. Tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Marcelo Pérez Pérez, los integrantes del Comité de Derechos Humanos y en general la de todos los defensores de derechos humanos en México;

ii. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a las amenazas y los actos de intimidación, con el fin de que los responsables sean llevados ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y les sean aplicadas las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;

iii. Velar por que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento y amenazas en contra del Sr. Pérez, y en general, en contra de todos los defensores de derechos humanos en México;

iv. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al:

- Artículo 1: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”

- Artículo 5.a: “A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional a reunirse o manifestarse pacíficamente”

- Artículo 12.2: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”;

v. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.

Direcciones:

• Sr. Presidente Enrique Peña Nieto, Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. FAX: (+52) 55 5093 4901; E-mail: enrique.penanieto@presidencia.gob.mx

• Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación (Ministro del Interior) Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, FAX: + (+52) 55 5093 34 14 E-mail: secretario@segob.gob.mx

• Lic. Arely Gómez González , Procuradora General de la República, Av. Paseo de la Reforma 211-213, Col. Cuautemoc Distrito Federal, México. E-mail: arelygomezg@senado.gob.mx

• Lic. Ricardo de Jesus Sepulveda Iniguiz Director General De Politica Publica De Derechos Humanos. Domicilio Para Recibir Correspondencia Dinamarca 84, Col. Juarez, Cuauhtemoc, Distrito Federal, México, C.P. 6600. E-mail:: rsepulveda@segob.gob.mx

• Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso, Col. Tlacopac San Angel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040. FAX: (+52) 55 36 68 07 67. E-mail: correo@cndh.org.mx

• Sr. Lic. Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas, Palacio de Gobierno, 1er. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Teléfono: (961) 618.8050, 618.8087, Ext. 21120.

• Sr. Lic. Juan Oscar Trinidad Palacios, Presidente de la Comision Estatal de los Derechos Humanos, Avenida 1 Sur Oriente S/N, Edificio Plaza, 3er y 4to piso, Barrio San Roque C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. E-mail: presidencia@cedh-chiapas.org, juan.trinidad@cedh-chiapas.org.

• Sr. Embajador Jorge Lomónaco, Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, 15 chemin Louis-Dunant. 1202, Ginebra, Suiza. FAX: (+41) 22 748 07 08. E-mail: mission.mexico@ties.itu.int

• Sr. Embajador Juan José Gómez Camacho, Embajada de México en las Comunidades Europeas, y Observadora Permanente de México ante el Consejo de Europa, 94 avenue F.D. Roosevelt, 1050 Bruselas, Bélgica. Fax: (+32) 2 644 08 19. E-mail : embamex@embamex.eu / jgomezc@sre.gob.mx

Solicitan #AcciónUrgente por grave violación de los #DDHH en #Venezuela

Barcelona/ Mambí en A/ El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Venezuela.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido con seria preocupación información de fuentes fidedignas sobre el continuo hostigamiento y amenazas públicas en contra del Sr. Marco Antonio Ponce, Director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), y de la Sra. Liliana Ortega Mendoza, fundadora de COFAVIC, por parte de funcionarios estatales venezolanos desde octubre de 2014. Estos actos están relacionados con la labor del Sr. Ponce como defensor de derechos humanos como Director del OVCS, una organización no gubernamental que desde el año 2010 se encarga de estudiar y monitorear la situación del respeto de los derechos humanos durante las manifestaciones pacíficas en Venezuela y de la promoción y la exigibilidad de estos mismos derechos, y por la actividad de la Sra. Ortega como abogada que ha litigado durante 24 años un importante número de casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representando a más de cien victimas.

Según la información recibida, desde octubre de 2014, en el programa televisivo “Con el Mazo Dando”, el Director y Presidente de la Asamblea Nacional, el Sr. Diosdado Cabello, ha venido señalando públicamente y estigmatizando al OVCS, al Sr. Ponce, al COFAVIC y a la Sra. Ortega de participar en actividades de conspiración y desestabilización en conjunto con otras organizaciones venezolanas de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A partir de octubre de 2014 se inició un proceso de profundización y escalamiento de los señalamientos y hostigamientos públicos en contra del Sr. Ponce, hasta el punto crítico al que se llegó el día 18 de marzo 2015, como se describe más abajo.

Un primer ejemplo de este hostigamiento ha sido la emisión del 17 de diciembre de 2014 en la cual se dedicó una sección particular denominada “Mazazo Especial” a la persona del Sr. Ponce. Más recientemente, a raíz de un foro público organizado por el OVCS sobre “Situación de los conflictos laborales en Venezuela”, el Presidente de la Asamblea Nacional presentó fotografías y vídeos de los asistentes, las cuales fueron divulgadas en el programa de la televisión estatal al tiempo que el Presidente de la Asamblea Nacional afirmaba que se trataba de actividades de conspiración realizadas por el Sr. Ponce en coordinación con la Embajada Norteamericana y Canadiense en Caracas.

El día 11 de febrero de 2015, en otra edición de este programa se hizo referencia expresa a las personas que estarían participando durante las sesiones de audiencias públicas de la Comisión Interamericana. En esta oportunidad se dijo que “denunciarán a la asociación de patriotas cooperantes como copartícipes de violaciones a derechos humanos y miembros de un estado policial ya que supuestamente los patriotas cooperantes han criminalizado, intimidado y perseguido a la disidencia política en Venezuela”, y se refirió expresamente al Sr. Marco Antonio Ponce y a la Sra. Liliana Ortega Mendoza.

El día 12 de febrero de 2015, fotografías de la Sra. Ortega con el logo de COFAVIC fueron colocadas en la página web de dicho programa televisivo, junto con las de otros defensores con la acusación de ser conspiradores de la extrema derecha venezolana.

Finalmente, el Observatorio ha recibido con extrema preocupación el hecho de que el día 18 de marzo de 2015, en el mismo programa televisivo, el Sr. Diosdado Cabello ha mencionado la participación del Sr. Ponce, la Sra. Ortega y otros reconocidos defensores y defensoras de derechos humanos en el marco del 154º período de sesiones de la CIDH en Washington D.C. Este señalamiento público ha sido acompañado de fotografías del Sr. Ponce tomadas clandestinamente en el aeropuerto de Maiquetía cuando emprendía el viaje a Washington DC, así como de información precisa del día y hora en la que regresaría a Venezuela con el grupo de defensores de derechos humanos peticionarios de varias audiencias ante la CIDH. En este segmento del programa el Presidente de la Asamblea Nacional se refiere a que “le pasó el dato al Patriota Mundo para que esté muy pendiente… van para Washington DC…”.

El día 22 de marzo de 2015 sobre las 2:15 pm, la Sra. Ortega llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía junto con otros defensores de derechos humanos de regreso de Washington, y el grupo fue perseguido y hostigado por tres individuos desconocidos, uno de los cuales tenía apariencia de estar armado. Cabe indicar que las personas llevaban ropa de civil y que, a pesar de no tener ninguna identificación visible, ingresaban y salían del área restringida de aduana del aeropuerto internacional de Maiquetía sin que ninguna autoridad presente les requiriera su identificación. Los tres individuos siguieron a la Sra. Ortega hasta su vehículo con una clara intención intimidatoria y tomándole fotografías durante todo el trayecto.

Es de destacar que la CIDH en un comunicado especial sobre Venezuela de fecha 20 de marzo de 2015, expresó su preocupación ante los señalamientos, intimidaciones y acciones de descrédito de las que son objeto los defensores y defensoras en Venezuela como consecuencia de ejercer su derecho de acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y pidió a las autoridades venezolanas que en toda circunstancia se abstengan de realizar declaraciones estigmatizantes que ponen en riesgo su seguridad e integridad. En la misma fecha, la CIDH decidió también solicitar la adopción de medidas cautelares a favor del Sr. Marco Antonio Ponce.

El Observatorio expresa su profundo rechazo al hostigamiento y amenazas en contra del Sr. Marco Antonio Ponce, de la Sra. Liliana Ortega Mendoza y de los otros defensores y defensoras en Venezuela, que parecen atribuirse a sus legítimas actividades de defensa de los derechos humanos y exige que su integridad física sea siempre garantizada por las autoridades venezolanas.

Acción solicitada:

Por favor, diríjase a las autoridades de Venezuela instándolas a:

i. Poner fin a todo tipo de amenazas y actos de hostigamiento contra el Sr. Marco Antonio Ponce, la Sra. Liliana Ortega Mendoza, así como, en general, en contra de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en el país;

ii. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la protección de la vida, la integridad física y psicológica del Sr. Ponce, de la Sra. Ortega, así como de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela;

iii. Defender públicamente a través de discursos oficiales y declaraciones públicas la legitimidad de las actividades de los defensores y las defensoras de derechos humanos y específicamente la legitimidad de las actividades del Sr. Ponce y de la Sra. Ortega, y condenar públicamente las amenazas y los actos de hostigamiento realizados en su contra;

iv. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al:

- Artículo 1, que garantiza la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.

- Artículo 12.2, que establece el deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”.

v. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Venezuela.

Direcciones:

• Presidente de Venezuela: Sr. Nicolás Maduro Moros. Final Avenida Urdaneta. Esquina de Bolero. Palacio de Miraflores, Caracas, Distrito Capital. Venezuela. Twitter: @NicolasMaduro

• Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas en New York, Sr. Embajador Jorge Valero. Dirección: 335 East 46th Street, New York, NY 10017. Teléfono: +1.212.557.20.55; Fax:+1.212.557.35.28. Email: misionvene@venezuelaonu.gob.ve;

• Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos, Emb. Roy Chaderton Matos. Teléfonos: Central 202-342-5837 al 42, Fax:202-625-5657. Email: missionvene@venezuela-oas.org Dirección: 1099 30th ST NW 2nd Floor Washington, DC, 20007.

• Defensor del Pueblo Tarek William Saad, Avenida México, Plaza Morelos, Edificio Defensoría Del Pueblo, Piso 8, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Dirección del Despacho de la Defensora: Av. Urdaneta, Centro Financiero Latino, Piso 29, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Teléfonos:+58.0212.505.30.01 / +58.0212.501.30.02 / +58.0212.501.30.08 Fax:+58.0212.505.30.07. Email: denuncias@defensoria.gov.ve;

• Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, Esquinas de Misericordia a Pele El Ojo Avenida México, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Teléfono:+58.0212.509.80.54. Fax:+58.0212.509.75.35. Correo electrónico. ministeriopublico@mp.gob.ve, http://www.fiscalia.gov.ve/

• Canciller del Ministerio de Relaciones Exteriores Delcy Rodríguez, Avenida Urdaneta, Torre MRE, al lado del Correo de Carmelitas, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Teléfonos: +58.0212.806.45.77 / +58.0212.861.25.05, Fax: +58.0212.806.48.08, Email: relaciones.consulares@mre.gob.ve

Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Venezuela en sus respectivos países.

Presentan Segunda Edición de la Serie de Manuales de la #OMCT

Barcelona/ Mambí en A/ La segunda edición de la Serie de Manuales de la OMCT fue presentada en Washington D.C., con expertos eminentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el marco del 154º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El 19 de marzo de 2015, en el Robert F. Kennedy Human Rights, el Comisionado James L. Cavallaro, los autores originales Diego Rodríguez y Claudia Martín, el abogado Alejandro Malambo de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y Helena Solà Martín, asesora legal de la OMCT y coordinadora de la 2a edición, participaron en la presentación. La discusión fue moderada por Frank La Rue, ex Relator Especial de Naciones Unidas y Director del Robert F. Kennedy Human Rights en Europa.

El Comisionado James L. Cavallaro, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, elogió la nueva edición, la cual consideró “una herramienta indispensable para litigantes, pero también para los operadores del Sistema Interamericano, incluyendo Comisionados, Jueces y abogados”. El Comisionado expresó seria preocupación respecto al número creciente de informes que recibe denunciando represalias contra las personas privadas de libertad que alegan abusos y condiciones inadecuadas de detención; en este marco, destacó que el nuevo Manual se publicó en un momento muy oportuno para apoyar a las víctimas, así como a sus representantes legales y organizaciones de derechos humanos a revertir esta tendencia preocupante.

Helena Solà, asesora legal de la OMCT, trazó los principales logros del Sistema Interamericano en el marco de la lucha contra la tortura y los malos tratos desde que se publicó la primera edición del Manual en 2006, y enfatizó “la importancia de desarrollar nuevos materiales didácticos e iniciativas de capacitación para hacer frente a retos estructurales en los ordenamientos jurídicos, instituciones y prácticas internas”.

Alejandro Malambo, abogado de la CCJ, presentó algunos de estos retos en el contexto colombiano, entre ellos, la invisibilidad de los actos de tortura en los procedimientos penales internos como consecuencia del uso (en el mejor de los casos) de otros tipos penales genéricos, como el de “lesiones” o el de “abuso sexual”. El Manual es un “instrumento valioso para los litigantes que luchan contra la tortura, dado el amplio espectro de situaciones que cubre bajo el alcance material del Artículo 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos“.

Finalmente, los autores de la primera edición destacaron la importancia de la compilación y sistematización de normas procesales y sustantivas para interponer quejas de forma exitosa ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y el papel fundamental de las Escuelas y Facultades de Derecho para formar expertos especializados en el marco de la tortura y los malos tratos con el fin de enfrentarse a preocupaciones fundamentales como la brecha entre los estándares internacionales y su implementación, y el círculo de impunidad.

La nueva edición de la Serie de Manuales de la OMCT, la cual ha sido posible gracias al apoyo de la Comisión Europea, la Fundación Hans Wilsdorf y la Fundación Oak, está disponible en: http://www.omct.org/es/monitoring-protection-mechanisms/reports-and-publications/2014/11/d22956. Para pedir un ejemplar impreso, por favor envíen un mensaje a: hs@omct.org con el asunto “Manual”, especificando el volumen de la Serie que le interesaría encargar (1, 2, 3 o 4).

"Más pequeños que David" - La lucha de los defensores de #DDHH en #Guatemala

Documental: "Más pequeños que David" - La lucha de los defensores de derechos humanos en Guatemala

Barcelona/ Mambí en A/ Comunicado de Prensa Conjunto de la OBS y UDEFEGUA dado en Ginebra-París-Guatemala, 23 de febrero de 2015 – Los defensores de derechos humanos en Guatemala realizan su trabajo en condiciones de extrema vulnerabilidad y son objeto constante de criminalización, amenazas y ataques físicos, denuncia el Observatorio en un informe y un documental que se han publicado hoy coincidiendo con el inicio de una misión de incidencia de 5 días en el país centroamericano.

El informe da cuenta de 657 casos de agresiones contra defensores sólo en el año 2013, y en 2014 las cifras llegaron a 810, el número más elevado desde que la UDEFEGUA iniciara su registro el año 2000. Además, 7 defensores fueron asesinados durante el año pasado, y se produjeron 21 intentos de asesinatos, así como la lamentable cifra de 30 casos de malos tratos, tratos crueles e inhumanos contra defensoras y defensores.

“El diagnóstico descrito en este informe hace urgente que las autoridades guatemaltecas se comprometan verdaderamente con la protección de los defensores de derechos humanos, así como con el tratamiento de las causas estructurales de la conflictividad social. Por otra parte, la comunidad internacional debería llevar a cabo una estrategia de apoyo más eficaz a favor de quienes desarrollan sus actividades de defensa de los derechos humanos en un marco de hostilidad y falta de protección adecuada por parte del Estado”, declaró Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.

El informe publicado hoy, pone el foco en la situación de los defensores del derecho a la tierra, ante la situación de violencia que enfrentan al pronunciarse contra los impactos negativos de las empresas extractoras de recursos naturales. En particular, las comunidades que se han movilizado en defensa de los derechos humanos, como las de Santa Cruz de Barillas, La Puya o San Rafael de las Flores y Mataquescuintla, han sido objeto de una política represiva con el recurso a mecanismos como Estados de Sitio no justificados y desalojos violentos. Entre los ataques sufridos con mayor frecuencia se encuentran los hostigamientos y amenazas, los atentados contra la vida y la integridad física, la persecución penal y la difamación.

“Pese a un extenso marco legal e institucional y a algunos avances en materia de sentencias por delitos en contra de los defensores en Guatemala, éstos realizan su trabajo en condiciones de extrema vulnerabilidad que pone de manifiesto la ineficacia y falta de voluntad real del Estado para garantizar que puedan trabajar en condiciones de libertad y seguridad”, declaró Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.

La situación de este grupo de defensores del derecho a la tierra es muy crítica y se ve agravada por cuestiones estructurales que generan conflicto en el país: la falta de una reforma agraria prevista en los Acuerdos de Paz, la re-militarización y el manejo deficiente de la conflictividad social con medidas criminalizadoras como la “Ley de Túmulos”, la discriminación estructural en contra de los pueblos indígenas, la desigualdad y la pobreza o la violación sistemática del derecho a la consulta, que es considerada por la Corte de Constitucionalidad como no vinculante.

“Es necesario recordar tal y como afirmó la Organización Internacional del Trabajo que la ausencia de mecanismos de consulta respecto a proyectos de explotación de recursos naturales por medio de proyectos hidroeléctricos, extractivos y de monocultivos, es en gran medida la fuente de dicha conflictividad”, declaró Claudia Samayoa, directora de UDEFEGUA.

Con motivo del lanzamiento del Informe y del documental sobre la situación de los defensores del derecho a la tierra, el Observatorio y UDEFEGUA han organizado una misión internacional de incidencia en Guatemala del 23 al 27 de febrero de 2015 que les llevará a reunirse con autoridades locales e internacionales, sociedad civil y medios de comunicación. El propósito de la misión es establecer un diálogo en el marco de las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe realizado conjuntamente por el Observatorio y la UDEFEGUA.

El informe está disponible para su descarga en la web de la OMCT:

- en español

- en inglés

OMCT recibe denuncias de torturas a niños recluidos en #Uruguay

URUGUAY: El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño expresa profunda preocupación por la práctica de torturas y otros tratos inhumanos dirigidos hacia los niños privados de libertad en Uruguay.

Barcelona/ Mambí en A/ Dado en Ginebra - Montevideo, 10 de febrero de 2015- La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), conjuntamente con su organización miembro en Uruguay, el Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay (IELSUR) y el Comité de los Derechos del Niño/a – Uruguay (CDNU), saludan las observaciones finales publicadas por el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

Las observaciones acogen las denuncias presentadas por la sociedad civil y confirman las recomendaciones previamente hechas por el Comité Contra la Tortura y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, en relación a la situación de los niños privados de libertad en el país.

El Comité, en sus observaciones, ha expresado seria preocupación por las condiciones en que los niños se encuentran privados de libertad en Uruguay, bien como el uso excesivo de la fuerza y alegaciones de torturas y malos tratos cometidos por policías y funcionarios de los centros de detención.

Entre otros ejemplos el Comité menciona el hecho de mantener a los adolescentes encerrados por 22 horas al día y uso de medicación como medio de controlarlos. Ambas denuncias ya habían sido presentadas en diversas oportunidades por la OMCT e IELSUR a los directores del SIRPA e INAU en el país.

“El presente documento de Observaciones y recomendaciones es presentado en una coyuntura especial en el país, pues desde el 1 de marzo asumirá un nuevo gobierno. En tal sentido las recomendaciones son un buen norte para avanzar en aquellos aspectos todavía deficientes en relación al respeto de los derechos del niño en el país. Queda mucho por avanzar en términos de institucionalidad, así como en derogar leyes profundamente regresivas aprobadas en el último período legislativo. Por otro lado es necesario hacer frente a las graves violaciones a los derechos humanos de los niños, los todavía cercanos episodios de tortura y malos tratos, nos indican que el país tiene una deuda pendiente en materia de investigación rápida, efectiva e imparcial así como medios idóneos de protección y reparación a las víctimas”, indica el integrante de IELSUR y coordinador del CDNU Luis Pedernera.

En su informe el Comité también expresa grave inquietud por el uso excesivo de la privación de libertad y por las varias reformas legislativas en materia de administración de justicia juvenil contrarias a los estándares internacionales.

Entre las principales recomendaciones al Estado de Uruguay, el Comité recomienda que se establezcan mecanismos de denuncias accesibles a los adolecentes privados de libertad y que se realicen investigaciones rápidas y eficaces sobre los casos de tortura y malos-tratos, que resulten en un proceso judicial contra los perpetradores.

“El propio gobierno de Uruguay reconoció ante el Comité que casi no hay condenas por tortura en el país. En un Estado con una legislación tan avanzada en la promoción y protección de ciertos derechos humanos es sorprendente que los adolescentes continúen viendo sus derechos violados sin que haya un cambio de actitud de las autoridades. Esperamos que el nuevo gobierno tome en cuenta los estándares internacionales y priorice las medidas no privativas de libertad. Uruguay no necesita más centros de detención, lo que necesita es dedicarse a acabar con la cultura de impunidad.” Señala Carolina Bárbara, coordinadora de las actividades de niñez en la OMCT.

La OMCT, IELSUR y el CDNU reconocen la apertura del gobierno de Uruguay en discutir la cuestión de la justicia juvenil y reconocen que en algunos aspectos, como el acceso a la educación, o la reforma de algunos centros hubo avances. Sin embargo, exhortamos al recién electo gobierno de Uruguay que priorice la protección de los adolecentes privados de libertad contra la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes y designe el presupuesto y la atención adecuada a las graves denuncias presentadas por los distintos órganos internacionales y nacionales, incluyendo la INDDHH y las organizaciones de la sociedad civil.

Instan a las autoridades mexicanas a velar por los #DDHH

Comunicado de prensa conjunto

Las observaciones finales del Comité sobre las Desapariciones Forzadas deben constituir una hoja de ruta de observancia cautelosa por parte de las autoridades mexicanas.

Barcelona/ Mambí en A/ Dado en Ginebra, 18 de febrero de 2015. El pasado viernes 13 de febrero se hicieron públicas las observaciones finales del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés), [1] las cuales son el resultado del primer proceso de revisión de México, que tuvo lugar los días 2 y 3 de febrero del mismo mes, en el marco de la 8ª sesión del CED.[2]

Las organizaciones abajo firmantes celebran el detalle y la sistematicidad de las observaciones y recomendaciones del CED; estas deben constituir una hoja de ruta de seguimiento sistemático y exhaustivo en un contexto, en palabras del mismo CED, “de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte”. Las mismas organizaciones instamos a las autoridades mexicanas a seguir cooperando con el CED en virtud del artículo 29 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (en adelante, la Convención), dando seguimiento a sus recomendaciones de acuerdo a los compromisos internacionales adquiridos mediante la ratificación de la Convención y la aceptación del Comité de expertos que supervisa su aplicación conforme al artículo 26(1).

Para hacer frente a los múltiples desafíos y deficiencias que han llevado a la alarmante situación actual, con cifras oficiales de más de 22.000 “desaparecidos o extraviados” y la recurrencia de incidentes como la desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala en septiembre de 2014, el CED alienta al Estado mexicano a adoptar numerosas medidas, entre las cuales destacan:

- El reconocimiento de la competencia del CED para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención;

- La aprobación urgente de una ley general que regule de manera integral la desaparición forzada, con participación de las víctimas de desaparición forzada, organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el proceso de adopción de esta;

- La confección de un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que recoja de forma exhaustiva datos acerca de las personas desaparecidas, incluyendo información que permita distinguir los casos que podrían constituir desaparición forzada basándose en los indicios que sugerirían la implicación directa o indirecta de agentes públicos;

- La creación de una unidad fiscal especializada en la investigación de las desapariciones forzadas, que trabaje coordinadamente con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas;

- La inscripción de todas las personas privadas de libertad, incluyendo las que se encuentran en estaciones migratorias y centros de detención militar, en registros uniformes.

Asimismo, ante la impunidad que, según el CED, “se expresa por la casi inexistencia de condenas” en los numerosos casos denunciados por desaparición forzada, destacan las recomendaciones dirigidas a garantizar la prevención, investigación pronta y eficaz, y sanción adecuada de los responsables del delito de desaparición forzada (incluyendo el deslinde de responsabilidades penales de los superiores jerárquicos), tanto en relación con las desapariciones de los últimos años[3] como en referencia a las perpetradas durante el periodo conocido como “guerra sucia”[4].

El CED también insta a fortalecer los mecanismos de búsqueda, las bases de datos y la coordinación existente entre los órganos competentes con el fin de garantizar que la búsqueda de personas desaparecidas es llevada a cabo de oficio y de forma inmediata. En la misma línea, ante los numerosos casos de desaparición de migrantes, una situación calificada de “dramática” por el CED, este llama a redoblar los esfuerzos con miras a prevenir e investigar estas desapariciones.

En este contexto, las organizaciones abajo firmantes consideran de suma importancia las recomendaciones dirigidas a la protección de las personas que denuncia y/o participan en la investigación de desapariciones forzadas, incluyendo el llamado expreso a asegurar que “todos los agentes estatales se abstengan de realizar declaraciones públicas que pudieran descalificar, estigmatizar o poner en riesgo a los allegados de personas desaparecidas o a los defensores de derechos humanos (…)”.[5] En efecto, las organizaciones de familiares de víctimas así como las personas defensoras de derechos humanos que acompañan y asisten a las víctimas han reportado ante el CED la persistencia de amenazas, actos de intimidación y persecución motivados por sus actividades de denuncia y búsqueda de desaparecidos.[6]

Consideramos que las observaciones finales del CED son una oportunidad para el Estado mexicano. Marcan el inicio de un proceso de monitoreo de la aplicación de las recomendaciones por parte del Estado mexicano, en el cual la comunidad internacional de derechos humanos tiene un rol fundamental de seguimiento así como de acompañamiento a las víctimas y organizaciones de derechos humanos mexicanas.

Las autoridades mexicanas deberán presentar información al CED sobre los avances realizados en los próximos meses. En este marco, instamos a las autoridades mexicanas a adoptar las medidas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para dar seguimiento eficaz y completo a las recomendaciones del CED con el fin de conformar leyes y prácticas a las obligaciones emanantes de la Convención.

Asimismo, siendo el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sometidos a desaparición forzada en el estado de Guerrero un ejemplo paradigmático de los retos y deficiencias que enfrenta México en la materia, exhortamos a las autoridades mexicanas a proseguir con las tareas de búsqueda del paradero de los estudiantes, investigación y sanción de los responsables, incluyendo los autores materiales así como los autores intelectuales, teniendo en cuenta las observaciones finales del CED y los reclamos de los familiares y organizaciones de la sociedad civil, quienes siguen exigiendo verdad, justicia y reparación. Finalmente, las organizaciones abajo firmantes reclamamos el cese de la estigmatización, de la represión y de otros actos de hostigamiento en contra de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, de los familiares de los estudiantes desaparecidos, de aquellos asesinados y sus representantes legales, así como de las defensoras y los defensores de derechos humanos y de las organizaciones acompañantes.

[1] Disponibles en (versión avanzada no editada): http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/MEX/INT_CED_COB_MEX_19564_S.pdf

[2] En virtud del artículo 29 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el CED examinó el informe presentado por México (CED/C/MEX/1).

[3] Según cifras oficiales, se tiene registro de seis sentencias condenatorias por la comisión del delito de desaparición forzada entre 2006 y 2013.

[4] Ver párrafos 32 y 33 de las observaciones finales del CED, supra nota 1.

[5] Ibid, párr. 31(d).

[6] Ver, entre otros: http://www.tlachinollan.org/nota-informativa-estamos-aqui-para-denunciar-una-serie-de-eventos-represivos-en-contra-de-familias-y-normalistas-mexico-df-16-de-diciembre/

http://www.ishr.ch/news/mexico-protege-activistas-de-derechos-humanos-que-trabajan-contra-las-desapariciones-forzosas

#OMCT denuncia proyecto de ley para criminalizar ONGs en #Rusia

Federación Rusa: Ley para criminalizar la cooperación con organizaciones extranjeras, una nueva amenaza para el trabajo en el ámbito de los derechos humanos

Barcelona/ Mambí en A/ La Duma Estatal debe retirar la Ley sobre "organizaciones extranjeras indeseables" que se debatirá el 20 de enero, afirma hoy el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos. En caso de que fuera aprobada, esta ley complementará el restrictivo arsenal legal existente utilizado para silenciar toda forma de crítica contra el régimen, en abierta contradicción con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Rusia, y permitirá a las autoridades prohibir actividades legítimas relacionadas con los derechos humanos a pesar de que estén protegidas por el derecho internacional.

En enero de 2014, el Comité sobre Legislación Constitucional de la Duma Estatal recomendó que la cámara baja aprobase una ley para prohibir las "organizaciones extranjeras indeseables" en Rusia, así como, la cooperación con las mismas. La ley, inicialmente presentada por dos miembros del parlamento, permitiría a la Fiscalía General, previa consulta con el Ministerio de Asuntos Exteriores y a partir de información proporcionada por las agencias de interior y de seguridad, prohibir las organizaciones extranjeras e internacionales que "amenacen la defensa o la seguridad del Estado" o la "salud y el orden público".

“Las autoridades han criminalizado a innumerables ONG de derechos humanos, así como a defensores y defensoras de estos derechos, por amenazar supuestamente la seguridad o el orden público. Tememos que estos imprecisos términos se utilicen de nuevo para criminalizar las actividades legítimas de defensa de los derechos humanos que llevan a cabo las ONG en Rusia”, afirma Gerald Staberock, secretario general del OMCT. "No existen precedentes de una ley que criminalice de forma efectiva los contactos entre personas o las colaboraciones institucionales entre agentes que actúan en el ámbito de los derechos humanos".

Las organizaciones rusas se han convertido a lo largo de las últimas décadas en una parte vital y activa de un movimiento global, a través de su participación en las reuniones internacionales y de compartir su conocimiento, experiencia y consejo con los demás miembros de las redes mundiales y federaciones de derechos humanos. Esta ley puede aislar a los y las activistas rusos y cortar los vínculos de apoyo y solidaridad internacional.

Según esta ley, el hecho de que una organización extranjera o internacional sea calificada de indeseable, conllevará el cierre de sus sedes en Rusia así como la prohibición de distribuir información sobre ella, incluso en línea.

Además, las personas implicadas en el funcionamiento en Rusia de una organización extranjera o internacional indeseable pueden ser sancionadas a pagar entre 10.000 y 100.000 rublos (185-1.850 euros). Asimismo, el personal de una organización extranjera o internacional indeseable puede recibir acusaciones penales y multas de entre 300.000 y 500.000 rublos (5,560 – 9,260 Euros) o una pena de hasta ocho años de prisión. En caso de aprobarse, esta medida repercutiría negativamente en el trabajo de los miembros de las ONG internacionales en Rusia e impediría la entrada en Rusia de los defensores y defensoras de los derechos humanos con sede en el extranjero, si su organización es declarada "no deseada".

El Observatorio recuerda que, en caso de aprobarse, esta ley vendría a sumarse a la ya extremamente restrictiva legislación sobre organizaciones de la sociedad civil, y reduciría aún más el espacio de la libertad de asociación en el país. En 2012, la Duma Estatal aprobó una ley que exige a las ONG que se inscriban como "agentes extranjeros" si llevan a cabo "actividades políticas" y reciben financiación extranjera. El uso de la expresión “agente extranjero" solo puede interpretarse como "espía" o "traidor", por lo que esta etiqueta tiene por objeto desacreditar la labor de las ONG y obstaculizar su entorno de trabajo.

“Tras la aprobación de la ley de 2012 sobre ONG, que llevó a la inscripción de más de treinta importantes ONG rusas como agentes extranjeros y al cierre de otras cuatro, incluyendo la organización miembro de la FIDH ADC Memorial, parece estar claro que la intención de esta nueva ley es utilizarla para prohibir la presencia de ONG de derechos humanos en Rusia. De forma lenta pero segura, Putin está acabando con todas las organizaciones de derechos humanos de la Federación Rusa”, afirma Karim Lahidji, presidente de la FIDH.

El Observatorio, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), se opone por tanto, con toda la firmeza posible, a la aprobación de esta ley e insta a la Duma Estatal a retirarla.

París-Ginebra, 19 de enero de 2014

Llamado Urgente de la OMCT por detención y torturas contra activista en #México

Barcelona/ Mambí en A/ El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), ha recibido nuevas informaciones y solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en México.

Nueva Información:

El Observatorio ha recibido con grave preocupación información de fuentes fidedignas sobre la continuación del hostigamiento así como de la continuación de la detención arbitraria, desde mayo de 2013, del Sr. Damián Gallardo Martínez, defensor de los pueblos indígenas y de la educación, originario de la región Mixe en el Estado de Oaxaca. El Sr. Gallardo ha formado parte de diversos comités por la liberación de presos políticos, y además ha participado activamente en otras actividades, como por ejemplo, en la lucha magisterial y en la promoción de propuestas de educación comunitaria y popular en las comunidades indígenas de la Región Mixe y Zapoteca de la Sierra de Oaxaca.

Según las informaciones recibidas, a pesar de la solicitud por parte del Sr. Gallardo Martínez de que se aplicara el protocolo de Estambul para determinar la existencia de tortura, los peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sólo llevaron a cabo algunas de las pruebas necesarias, haciéndolo además de forma tendenciosa intentando condicionar el resultado. Además, únicamente emitieron un informe parcial en el que se establece la ausencia de indicios a pesar de las pruebas físicas de tortura. Por ello, la defensa del Sr. Gallardo Martínez solicitó la intervención de peritos externos que hicieron un dictamen el cual salió positivo y ha sido entregado a los jueces que llevan la causa penal en el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco el 12 de noviembre.

Durante su 70ª sesión en agosto de 2014, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas emitió la Opinión 23/2014 sobre el caso del Sr. Gallardo Martínez. El Grupo de Trabajo concluyó que su arresto y su detención fueron arbitrarios, y afirmó que su encarcelamiento parece deberse a sus actividades en favor de la promoción de los derechos humanos de las poblaciones indígenas de su región. El Grupo de Trabajo dió cuenta del imcumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del Estado Mexicano y pidió que las autoridades competentes adoptaran medidas para la reparación de las injusticias cometidas en contra del Sr. Gallardo Martínez.

El Observatorio está preocupado por la integridad física del Sr. Damián Gallardo y expresa su profundo rechazo frente a la detención arbitraria y los actos de tortura a los que éste fue sometido. Asimismo el Observatorio teme que estos hechos hayan sido motivados en razón de las actividades en defensa de los derechos humanos que el Sr. Gallardo venía llevando a cabo los últimos años.

Antecedentes:

El 18 de mayo del 2013, el Sr. Damián Gallardo Martínez fue violentamente arrestado, en su domicilio particular en Reyes Mantecón, en Valles Centrales de Oaxaca. El arresto se realizó con allanamiento de domicilio, por el que posteriormente se interpuso una denuncia penal[1] y sin orden judicial o ningún otro tipo de documento firmado por una autoridad competente. Los captores rompieron la chapa de la puerta, entraron en la casa, donde también se encontraban la hija y la pareja del Sr. Gallardo, y tras cubrirle la cara, fue trasladado a un domicilio privado dónde fue incomunicado y torturado. Posteriormente, el Sr. Gallardo fue incomunicado durante aproximadamente 30 horas, denegándole su derecho a comunicarse con sus familiares y con su abogado. El mismo día 18 de mayo, se interpuso un juicio de amparo frente a la desaparición de persona, incomunicación y tortura[2]. No fue hasta las 6:00 horas del día siguiente, el 19 de Mayo, que se comunicó a su hermana, la Sra. Florencia Gallardo Martínez, que el Sr. Gallardo se encontraba detenido en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Según las informaciones recibidas, forzaron al Sr. Damián Gallardo a firmar confesiones de auto culpabilidad, amenazándole que si no firmaba las hojas en blanco matarían y violarían a sus familiares. En repetidas ocasiones se le pidió que firmara documentos que les permitieran inculpar a integrantes del movimiento social en los delitos de “delincuencia organizada” y “secuestro” de menores posteriormente alegados. Para ello, obligaron al Sr. Gallardo a presenciar actos de tortura física a otros detenidos. A su vez, le privaron de alimentos y le prohibieron usar sanitarios. El Sr. Gallardo también recibió golpes en los testículos, estomago y le pisaron repetidamente los pies, además de obligarlo a permanecer por un tiempo prolongado en posición de cuclillas.

Según reconoció un comunicado oficial del 19 de mayo, momento en que la detención se hizo pública, de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la Republica, de la Secretaria de la Defensa Nacional, de la Secretaria de Marina y del Consejo Nacional de Seguridad, dicha detención se llevó a cabo como resultado de una investigación realizada por funcionarios públicos de la Policía Federal, en cooperación con la Procuraduría General de la Republica (PGR), en el marco de la Averiguación Previa PGR/SEIDO/UEIDMS/270/2013 iniciada en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR. A pesar de dicho comunicado, cabe destacar que no existe registro inmediato de la detención donde se especifique la fecha y la hora en la que fue detenido el Sr. Gallardo.

El perito que examinó al Sr. Damián Gallardo el 18 de mayo, no reconoció la tortura, y tan solo diagnosticó huellas de violencia física. En particular determinó que éste presentaba “equimosis rojiza de uno punto cinco centímetros de diámetro localizada en la región zigomática izquierda; aumento de volumen en cara dorsal de pie derechos”. Sin embargo, no se realizó un diagnostico especializado y en consecuencia el tratamiento médico prescrito fue insuficiente, ya que éste se limitó a prescribir al Sr. Gallardo antiinflamatorios. Asimismo, el diagnóstico omitió informaciones tan elementales como son el momento de la ejecución de las lesiones, el lugar dónde se produjeron, la naturaleza del instrumento u objeto que las produjeron, etc.

Según las informaciones recibidas, la Sra. Florencia Gallardo Martínez pudo finalmente ver a su hermano a las 22.30 horas del 19 de mayo de 2013. Sin embargo, dicha concesión venia condicionada a que la Sra. Gallardo declarara en relación a los hechos. Al negarse a declarar o firmar ningún documento, solo le permitieron entrar a ver al Sr. Gallardo durante cinco minutos. Durante su visita pudo ver los golpes que el Sr. Gallardo presentaba a consecuencia de la tortura física y psicológica a la que había estado sometido.

Según las mismas informaciones recibidas, tras su detención, no se permitió al Sr. Gallardo comunicarse con su abogado. Frente a dicha situación se pidió la intervención de la CNDH. Dos miembros de la CNDH, la Sra. Guadalupe Vallejo y el Sr. Francisco Abraham Garza Sandoval, consiguieron entrar a verlo el día 20 de mayo y finalmente el día 21 de mayo de 2013 el Sr. Gallardo pudo reunirse por vez primera con su abogado. Además los visitadores de la CNDH consiguieron que todas las confesiones de culpabilidad realizadas por el Sr. Gallardo y que habían sido obtenidas bajo tortura, fueran desestimadas. Asimismo, se pudo desestimar una diligencia de ampliación de la declaración ministerial del Sr. Gallardo, ya que ésta había sido realizada sin presencia de un abogado. Posteriormente, el 24 de mayo del 2013, se presentó una denuncia penal por los actos de “desaparición forzada”, “abuso de autoridad” y “tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes” en la Delegación de la PGR en Jalisco[3].

El día 22 de mayo de 2013, el Ministerio Público interpuso una acción penal en contra del Sr. Gallardo y otras doce personas[4] más, por el delito de “delincuencia organizada” y solicitó una orden de aprehensión por el delito de secuestro de dos menores, tras lo cual, el día 22 de mayo fue trasladado al penal de máxima seguridad ‘Puente Grande’ en Jalisco. Posteriormente, el 25 de mayo, se dictó un auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada, y el 16 de junio por el delito de Secuestro de Menores. Frente a dichos autos se interpusieron recursos de apelación.

El auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada fue revocado, aunque el 28 de enero de 2014 se volvió a dictar auto de formal prisión en contra del Sr. Gallardo por el mismo delito y mismos argumentos del auto revocado. Frente a este segundo auto se presento recurso de apelación, el cual esta pendiente frente al Cuarto Tribunal Unitario del Tercer Circuito de Zapopan Jalisco, Toca Penal Número 83/2014.

El auto de formal prisión por el delito de secuestro fue también revocado pero el día 2 de febrero del 2014, el Juez Sexto de Procesos Penales Federales de Jalisco volvió a dictar auto de formal prisión en contra del Sr. Gallardo por el mismo delito y mismos argumentos usados en el anterior auto revocado. Frente a este segundo auto se ha vuelto a presentar un recurso de apelación, el cual esta en proceso en el Cuarto Tribunal Unitario del Tercer Circuito de Zapopan Jalisco, Toca Penal Número 94/2014.

El proceso penal sigue en curso en el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, y podría llegar a ser condenado a una pena de hasta 75 años por los delitos de delincuencia organizada y secuestro de menores.

Otro episodio de violencia ocurrió el día 26 de mayo de 2014, cuando el Sr. Damián Gallardo Martínez fue agredido físicamente e insultado por parte de otro reo por su condición de indígena, en las canchas deportivas del Centro Federal de Readaptación Social número 2 (CEFERESO), dónde se encuentra actualmente detenido. El Sr. Gallardo recibió golpes y patadas en el rostro y en otras partes del cuerpo. Tras la agresión, dicho reo amenazó al Sr. Gallardo para que no denunciara los hechos. Frente al temor de volver a ser víctima de otra agresión, el Sr. Gallardo, declaró que las heridas habían sido causa de una caída. Por su parte, el reo agresor informó falsamente que había sido víctima de extorsiones por parte del Sr. Gallardo, lo que supuso que los funcionarios penitenciarios segregaran al Sr. Gallardo del resto de los reclusos. Con ello, las autoridades del centro dieron el conflicto por solucionado.

Acción solicitada:

Por favor, escriban a las autoridades de México instándolas a:

i. Tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Damián Gallardo Martínez, y en general la de todos los defensores de derechos humanos en México;

ii. Liberar de forma inmediata al Sr. Gallardo Martínez y poner fin a todo tipo de hostigamiento judicial en su contra, así como en contra de todos los defensores de derechos humanos en México;

iii. Adoptar medidas para la reparación de las injusticias cometidas en contra del Sr. Gallardo Martínez tal y como establece la decisión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas.

iv. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a todos los hechos arriba denunciados, incluyendo la detención arbitraria y los actos de tortura - así como retomar su compromiso en aplicar el Protocolo de Estambul sobre la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes - y que el resultado de la investigación se haga público con el fin de que los responsables sean llevados ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y les sean aplicadas las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;

v. Velar por que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento y amenazas en contra del Sr. Gallardo y, en general, en contra de todos los defensores de derechos humanos en México;

vi. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al:

- Artículo 1: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”

- Artículo 5.a: “A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional a reunirse o manifestarse pacíficamente”

- Artículo 12.2: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”;

vii. De manera general, y garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.

Direcciones:

• Sr. Presidente Enrique Peña Nieto, Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. FAX: (+52) 55 5093 4901; E-mail: enrique.penanieto@presidencia.gob.mx

• Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación (Ministro del Interior) Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, FAX + (+52) 55 5093 34 14 E-mail: secretario@segob.gob.mx

• Lic. Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, Av. Paseo de la Reforma 211-213, Col. Cuautemoc Distrito Federal, México. E-mail: jesus.murillo@pgr.gob.mx

• Lic. Lía Limón García, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, FAX (+52) 55 5728 7400 Ext. 24586 E-mail: llimon@segob.gob.mx

• Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso, Col. Tlacopac San Angel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040, Fax: (+52) 0155 36 68 07 67 E-mail: correo@cndh.org.mx

• Sr. Lic. Gabino Cué Monteagudo, Gobernador del Estado de Oaxaca. Palacio de Gobierno (Planta Alta), Plaza de la Constitución, Centro Oaxaca de Juárez, Oaxaca, CP 68000, México. Email: gobernador.gabino.cue@gmail.com, gobernador@oaxaca.gob.mx.

• Sra. Mtra. Eréndira Cruzvillegas, Comisionada para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca. Palacio de Gobierno, Bustamante esquina con Guerrero S/N, Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, CP 68000, México. Email: erendiracruz@oaxaca.gob.mex.

• Sr. Lic. Arturo de Jesús Peimbert Calvo, Defensor de los Derechos Humanos de Pueblo de Oaxaca. Calle de los Derechos Humanos No20, Col América, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, CP6850, México. Email: correo@derechoshumanosoaxaca.org; visitaduria@derechoshumanosoaxaca.org.

• Sr. Embajador Jorge Lomónaco, Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, 15 chemin Louis-Dunant. 1202, Ginebra, Suiza. FAX: (+41) 22 748 07 08 E-mail: mission.mexico@ties.itu.int

• Sr. Embajador Juan José Gómez Camacho, Embajada de México en las Comunidades Europeas, y Observadora Permanente de México ante el Consejo de Europa, 94 avenue F.D. Roosevelt, 1050 Bruselas, Bélgica. Fax: +32 2 644 08 19. E-mail : embamex@embamex.eu / jgomezc@sre.gob.mx

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Ginebra-Paris, 23 de enero de 2015