Buscar en archivos de Mambí en Acción






martes, 2 de diciembre de 2014

Daniel escribe a su hermana Mónica #Venezuela

Barcelona/ Mambí en A/ Daniel Quintero, de 21 años de edad, fue brutalmente golpeado por la Guardia Nacional de Venezuela, después de ser arrestado cuando se dirigía a su casa luego de una manifestación. Exige Justicia, demanda una investigación que ayude a condenar a los culpables.

Join Amnesty International's global letter writing marathon, Write for Rights 2014.
Every December, Amnesty supporters like you write millions of messages for people whose human rights are under attack. Your words will help release prisoners of conscience. Bring torturers to justice. And change laws to protect people’s freedom.

Refugiados me hace reír #Cuba

Por José Alberto Álvarez Bravo.

A instancias de Elizardo Sánchez, en agosto de 2014 deposité en un buzón habilitado al efecto en la Oficina de Refugiados de la Sección de Intereses de Estados Unidos, un formulario solicitando una visa por motivos de persecución política. El 27 de noviembre recibí por correos una carta denegándome esta condición. La carta, rubricada con un indescifrable garabato, me causó una incontrolable hilaridad.

Es natural que algunos se pregunten dónde está el chiste, y yo pudiera referirle que son muchos los puntos que me desternillan.

En primer lugar, este tipo de cartas las imprimen por millares, y lo único que difiere una de la otra es el nombre del destinatario. Es cierto que esto por sí solo no haría reir ni al más guasón, pero ni el más serio y amargado podría contener la carcajada cuando la carta de marras asevera, en un reiterativo esfuerzo de cómica seriedad, que “la información suministrada por usted en el formulario de aplicación al Programa de Refugiados ha sido analizada minuciosamente”. Es como para orinarse de la risa.

Nótese que la palabra usted se inicia con minúscula, y Programa de Refugiados con mayúscula. Sé que esta subestimación del destinatario y sobreestimación del Programa no hace gracia, pero lo que viene a continuación es como para ahogarse de la risa.

Resulta que esta fuente de alegría, que te la sirven gratuitamente, te informa que existen otras vías para emigrar legalmente a los Estados Unidos (el bombo, el parole, etc), pero el motivo personal por el me muero de la risa es que YO NO ME VOY DE CUBA, y eso lo saben muy bien la mayoría de mis hermanos de la disidencia interna y muchos del exilio, como queda demostrado en el hecho de haber renunciado a mi salida “legal y ordenada” el 27 de marzo de este 2014.

Simplemente oí el consejo de Elizardo porque tener una visa no implica que uno quiera irse, y constata que hay fundados motivos para creer que los esbirros de la dinastía Castro pudieran quitarnos la vida en cualquier momento.

Agrega la chistosa cartica que “desafortunadamente, usted no reúne los requisitos necesarios para ser procesado de acuerdo a las normas vigentes del programa de refugiados”. Pudiera pensarse que “la norma vigente” sería tener un par de metros de tierra encima, en cuyo caso ya el refugio estaría garantizado por la propia tiranía castrista.

Mencionaré algunos eventos que me ha tocado vivir en mi acontecer contestatario, que según el Departamento no califican como “requisitos necesarios”:

-En 2008, recibí varios correos de Elpidio Valdés, el ultimo decía: “estas pasando la raya de la traición, y la traición se paga con la muerte”

-El 11 de mayo de 2011, el Teniente Coronel de la policía política Fernando Tamayo Gómez me sometió a un secuestro hacia un sitio apartado y oscuro, robándome mi cámara digital y mi teléfono móvil; un individuo salió de otro vehículo, se acercó a la ventanilla y me dijo que yo era un contrarrevolucionario, “y nosotros eliminamos al enemigo”

-Pocos días después, el agente Diego, acompañándose de un gesto ilustrativo, me dijo: “nosotros le arrancamos la cabeza al pescado”

-En 2013, al salir de la vivienda de Sara Marta Fonseca fui arrestado junto a Calixto Ramón Arias, ocasión en que el agente Volodia me dijo textualmente: “tú no vas a ver la caída de Fidel”

-En 2014, el agente Leonel Alberto Pérez Belette concibió un plan consistente, según sus palabras en un sms, en darme una gira “por el Cauto y mas allá”, en un vehículo de turismo, en clara alusión al asesinato premeditado de Oswaldo y Harold. El 8 de abril se personó en mi domicilio, con maneras “amistosas”, para que le acompañara a un supuesto viaje “a Santiago (de Cuba) a ver a los hermanos, como obsequio de Elpidio Valdés”. El 10 de mayo, acompañándose por un equipo de sicarios a bordo de dos vehículos de turismo, volvió en mi busca, y sin la intercesión divina, no podría ahora haber redactado estas líneas.

Vivo a unos cien metros de la Oficina de Refugiados, por lo que centenares de aspirantes a esa condición han pasado por mi domicilio, habiendo leído decenas de cartas como la mía; también he escuchado muchas historias de gente que, en teoría, hace tiempo viven en EU, siendo el caso que sus visas han sido vendidas a otras personas; llueven las anécdotas de corruptelas alrededor del desempeño de esta Oficina, de las visas otorgadas a represores de la dictadura y denegaciones a verdaderos luchadores anticastristas, agobiados por la represión, pero no soy juez, ni investigador, por lo que el asunto no me atañe.

Como ultima pincelada de humor, la carta nos enseña que “el propósito de este programa es…desalentar la peligrosa e ilegal emigración marítima”. Si la cartica estuviera mínimamente aterrizada a mi situación personal hubiera podido ahorrarse este desvelo, pues si yo no quise –ni quiero, ni querré- irme en un avión, cómo podría lanzarme en una balsa, máxime cuando trabajé con el tema de los desaparecidos y conozco bastante bien ese drama de mi patria.

No mencionaré el hecho de haber salido ileso el 4 de enero de 2010 de un atentado a través de un “accidente” automovilístico, porque el objetivo era Laura Poyan; en ese caso me habría tocado ser como Harold Cepero asesinado junto a Oswaldo en julio 2012.

De nada culpo a esta Oficina por los innumerables desaciertos en que incurre, pues sería agobiante para cualquier equipo de trabajo tener que enfrentarse cada día a cientos de farsantes y embusteros de toda laya, que “sin haberle tirado un hollejo a un chino”, ponen su cara dura para fingir pánico por la “feroz represión” de que dicen ser objeto. De todo ha habido en esa pequeña “viña del Señor” que es la Oficina de Refugiados. Que Dios nos coja confesados.

Defensores del derecho a la tierra: atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado #DDHH

Publicación del Informe Anual 2014 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos

París-Ginebra, 2 de diciembre de 2014 - Los defensores del derecho a la tierra nunca se han visto tan afectados por la represión, según denuncia el Observatorio en un informe que se ha publicado hoy en Filipinas, México, Honduras, Sudáfrica e Indonesia, y que se presentará mañana en el marco del Foro Anual de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. La presión en torno a la tierra se ha hecho insostenible y movilizarse para exigir que se respeten los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas se ha convertido en una actividad de alto riesgo.

«Este informe ilustra la lucha diaria de los defensores del derecho a la tierra, que a menudo se enfrentan a verdaderos “depredadores económicos” ávidos de un desarrollo desenfrenado. Los defensores del derecho a la tierra a menudo viven en zonas aisladas y alejadas de los actores influyentes, lo cual facilita que se ejerza violencia en su contra; una violencia a la altura de las sumas desmesuradas que están en juego», ha declarado Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.

Entre 2011 y 2014 el Observatorio documentó 43 casos de asesinatos de defensores del derecho a la tierra y 123 de hostigamiento judicial, en ocasiones acompañado por detenciones arbitrarias. Estos números solamente reflejan una parte ínfima de una realidad que afecta a todas las regiones del mundo y perjudica especialmente a Asia y Latinoamérica.

El Observatorio ha constatado que muy frecuentemente los agresores son agentes de policía, militares, agentes de seguridad de empresas privadas o incluso «mercenarios», cuyo objetivo es acallar las voces opositoras que podrían frenar un proyecto de inversión.

Además de la violencia, numerosos Estados se sirven del hostigamiento judicial y de la detención arbitraria para intimidar a los defensores y las defensoras. En cumplimiento de leyes liberticidas o incumpliendo la legislación, los Estados encarcelan a toda persona que consideran molesta. «Terrorismo», «propaganda engañosa», «atentado contra la seguridad del Estado», «alteración del orden público»... No faltan acusaciones abusivas que pueden acarrear severas penas de prisión.

«Los defensores del derecho a la tierra son portavoces de millones de personas y cuando se encarcela o se asesina a uno de ellos, se condena a miles de víctimas al silencio», ha declarado Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.

Los defensores y las defensoras del derecho a la tierra a menudo se ven inermes ante los ataques físicos y las detenciones arbitrarias. Según el Observatorio, actualmente un 95% de las vulneraciones de derechos contra los defensores y las defensoras queda impune.

Los órganos judiciales de los países en los que tienen lugar estas vulneraciones se caracterizan por la ausencia de independencia, de medios o de pericia. A menudo, cuando es posible presentar demandas contra las empresas para responsabilizarlas de las violaciones de derechos humanos, los procesos judiciales son largos, peligrosos, irregulares y costosos.

La cuestión de la participación de las personas y las comunidades afectadas por las políticas de desarrollo y los proyectos de inversión se sitúa en el epicentro del problema. El Observatorio exige que se lleven a cabo verdaderas consultas que garanticen la participación directa de los afectados por los proyectos y que se reconozca a los defensores de derechos humanos como interlocutores legítimos para prevenir los conflictos y frenar las violaciones graves de derechos humanos. Por otro lado, es necesario reforzar la capacitación y la independencia de los sistemas judiciales nacionales, incluyendo los de los Estados en los que se encuentran las sedes de las empresas, para permitir que los defensores y las defensoras puedan acceder a la justicia y a la reparación en caso de conculcación de sus derechos.

Asimismo, el Observatorio recomienda reforzar la legislación internacional para poder responsabilizar efectivamente a las empresas cuando éstas cometen violaciones de derechos humanos y para garantizar que el derecho a la tierra se proteja de forma adecuada.

El informe está disponible para su descarga en la web de la FIDH

y en la web de la OMCT

Pueden participar a través de las redes sociales utilizando el hashtag #WeAreNotAfraid.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es el principal programa a nivel mundial en materia de protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Desde el año 2013 el Observatorio ha actuado mediante más de 500 llamados urgentes acerca de más de 60 países.


ACCIÓN URGENTE: Iraní condenado a muerte por "insultar al profeta" #Iran

Barcelona/ Mambí en A/ Amnistía Internacional hace un llamado para realizar una Acción Urgente por el iraní Soheil Arabi, condenado a muerte por "insultar al profeta del islam". El Tribunal Supremo de Irán ha confirmado ya la condena. Le ha sido impuesta por unos comentarios que publicó en Facebook y que se consideraron ofensivos para el profeta.

Soheil Arabi, fotógrafo de 30 años, fue condenado a muerte el 30 de agosto de 2014 por "insultar al profeta del islam" (Sabbo al-Nabbi), tras ser juzgado por un tribunal de cinco jueces de la Sección 76 del Tribunal Penal de Teherán. Tres de los jueces fallaron a favor de la pena de muerte. La acusación tenía su origen en unos comentarios que Soheil Arabi publicó en ocho cuentas de Facebook y que según las autoridades eran suyos. El Tribunal Supremo confirmó la condena el 24 de noviembre. En otra causa abierta también por los mismos comentarios publicados en Facebook, un tribunal revolucionario de Teherán condenó a Soheil Arabi el 4 de septiembre a tres años de prisión por "difundir propaganda contra el sistema" e "insultar al líder".

Soheil Arabi fue detenido por la Guardia Revolucionaria Islámica en noviembre de 2013 en su casa, en Teherán, y pasó dos meses recluido en régimen de aislamiento en la Sección 2A de la prisión de Evin. Durante su interrogatorio, lo presionaron para que hiciera una "confesión". Posteriormente lo trasladaron a la Sección 350 de la prisión, que depende de la Magistratura.

Escriban inmediatamente en persa, en inglés, en español o en su propio idioma:

- Pidiendo a las autoridades iraníes que no ejecuten a Soheil Arabi y que establezcan sin demora una moratoria oficial de las ejecuciones como primer paso para abolir la pena de muerte.
- Instándolas a que lo dejen en libertad si está recluido únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y a que cumplan con la obligación de respetar este derecho que les impone el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Recordándoles que, según el derecho internacional, sólo puede imponerse la pena de muerte por los "más graves delitos", concepto limitado, según la interpretación de diversos organismos internacionales, a los delitos en que haya habido homicidio intencional.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 7 DE ENERO DE 2015 A:

Líder de la República Islámica Leader of the Islamic Republic Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei The Office of the Supreme Leader Islamic Republic Street - End of Shahid Keshvar Doust Street, Tehran, República Islámica del Irán
Twitter: @khamenei_ir
Correo-e: info_leader@leader.ir
Tratamiento: Excelencia / Your Excellency


Presidente de la Magistratura Head of the Judiciary Ayatollah SadeghLarijani c/o Public Relations Office Number 4, 2 Azizi Street intersection Tehran, República Islámica del Irán
(Asunto: FAO
Ayatollah Sadegh Larijani)
Tratamiento: Excelencia / Your Excellency


Y copia a:

Presidente de la República Islámica de Irán President of the Islamic Republic of Iran Hassan Rouhani The Presidency Pasteur Street, Pasteur Square Tehran, República Islámica del Irán
Correo-e: media@rouhani.ir
Twitter: @HassanRouhani (inglés) y
@Rouhani_ir (persa)

Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país.
EMBAJADA DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN Excmo. Sr. Morteza SAFFARI NATANZI Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Jerez, 5, Villa "El Altozano" (Chamartín) 28016 - MADRID
Fax: 91 345 11 90 Telex: 22322-IRANA-E
E-mail: embiran@hotmail.com



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La causa contra Soheil Arabi es el segundo caso de condena a muerte por "insultar al profeta" de que tiene noticia Amnistía Internacional. El otro es el de Rouhollah Tavana, cuya sentencia de muerte por el mismo motivo fue confirmada por el Tribunal Supremo en febrero de 2014. Había sido condenado a muerte el 3 de agosto de 2013 por la Sección 5 del Tribunal Penal de Jorasán en relación con un vídeo en el que presuntamente había insultado al profeta Mahoma. El Tribunal lo condenó también a prisión y flagelación por los cargos de "consumo de alcohol", "fabricación de bebidas alcohólicas" y "relaciones sexuales ilícitas". Un tribunal revolucionario de Jorasán lo condenó a tres años más de prisión tras declararlo culpable de "insultar al fundador de la Revolución" e "insultar al líder supremo". Véase Riesgo de ejecución por "insultar al Profeta" (http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/012/2014).

El artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) dispone que "sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos". En noviembre de 2011, el Comité de Derechos Humanos de la ONU que vigila el cumplimiento del PIDCP, expresó preocupación por el número de condenas de muerte impuestas y ejecutadas en Irán. Manifestó que las autoridades iraníes debían considerar la posibilidad de abolir la pena de muerte o al menos revisar el Código Penal para restringir su imposición sólo a los "más graves delitos".

Como Estado Parte en el PIDCP, Irán está obligado a proteger, respetar y hacer efectivos los derechos recogidos en el tratado. Sin embargo, el Código Penal islámico revisado, que se promulgó en mayo de 2013, conserva todavía artículos que imponen indebidamente restricciones del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. El artículo 262 del Código Penal revisado dispone que "quien maldice al profeta del islam o a otros profetas o los acusa de adulterio es [culpable de] Sabbo al-Nabi y será condenado a muerte". Según el artículo 263 del Código, el "acusado que afirme haber hecho sus declaraciones bajo coacción, por negligencia o en estado de intoxicación", entre otras cosas, no será condenado a muerte. En tales casos la pena prescrita es de flagelación.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU critica en su Observación general 34 las leyes que prohíben la blasfemia o la falta de respeto a los sistemas religiosos, por considerar que "no sería admisible que esas leyes discriminasen en favor o en contra de uno o varias religiones o sistemas de creencias, o en favor o en contra de sus seguidores, o bien en favor de los creyentes de una determinada religión con respecto a los no creyentes. Tampoco sería admisible que estas prohibiciones se utilizaran para impedir o sancionar las críticas contra dirigentes religiosos o los comentarios sobre la doctrina religiosa o el dogma".

Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte, porque es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante y una violación del derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Alarma por posible grave retroceso de la justicia en #Colombia

Barcelona/ Mambí en A/ Diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos emitieron un comunicado conjunto por lo que consideran es un grave retroceso para la justicia en Colombia, si se aprueban proyectos de ley para ampliar el fuero penal militar.

Comunicado Conjunto


Vemos con profunda preocupación los renovados esfuerzos legislativos del gobierno colombiano que podrían negar la justicia por los abusos de derechos humanos – incluyendo las ejecuciones extrajudiciales – cometidos por miembros de la fuerza pública.

Dos iniciativas presentadas ante el Congreso de Colombia ampliarían la jurisdicción de los tribunales militares y policiales de tal forma que podrían permitirles juzgar crímenes de derechos humanos presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública. El primero, proyecto de ley 085 de 2013 del Senado /proyecto de ley 210 de 2014 de la Cámara de Representantes, ordena que un homicidio presuntamente cometido por un miembro de la fuerza pública deba ser juzgado por un tribunal militar. Dado que casos de ejecuciones extrajudiciales – incluyendo esos conocidos como “falsos positivos” – han sido imputados como homicidios en el pasado, la adopción de este proyecto de ley hace que sea probable que tales crímenes sean juzgados por un tribunal militar, los cuales han fracasado con frecuencia para entregar justicia por abusos de derechos humanos cometidos por miembros de la fuerza pública.

Como advirtieron 12 expertos de la ONU, “creemos que la adopción de la reforma propuesta representaría un retroceso significativo en los esfuerzos realizados por Colombia para cumplir con las obligaciones contraídas en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Esto es especialmente grave en el contexto de los importantes esfuerzos realizados por el Estado colombiano para superar y prevenir la repetición de las notorias violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, en particular las ejecuciones extrajudiciales (también conocidas como “falsos positivos”) llevadas a cabo entre 2002 y 2008 por algunos miembros de la Fuerza Pública.”

El segundo, proyecto de ley 022 de 2014 del Senado, modificaría la Constitución para exigir que “infracciones” al derecho internacional humanitario y crímenes cometidos por miembros en servicio activo sean juzgados por tribunales militares, con la excepción de crímenes de lesa humanidad, genocidio, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado. Las ejecuciones extrajudiciales y otras de estas excepciones no son los términos usados en el código penal colombiano para tipificar estos crímenes, dejando abierta la posibilidad que tales crímenes sean procesados por los tribunales militares. Además, el proyecto de ley está redactado de tal forma que parece permitir que cualquier violación de derechos humanos no incluida en la lista de excepciones – tales como detenciones arbitrarias, trato cruel, secuestro o intercepciones ilegales – sea automáticamente juzgada en tribunales militares, sin hacer mención de tortura, desaparición forzada y crímenes de violencia sexual, los cuales pueden equivaler a crímenes de guerra y, por lo tanto, también sean sujetos a la competencia de los tribunales militares.

Una tercera iniciativa, proyecto de ley 129 de 2014 de la Cámara de Representantes, busca aplicar el derecho internacional humanitario como el marco legal para juzgar los abusos cometidos por miembros de la fuerzas pública en lugar de permitir que se aplique la ley de derechos humanos cuando sea apropiada. Es más, este proyecto de ley estipula, de acuerdo al nuevo marco legal que establecería, un período de seis meses para revisar y transferir todos los casos en contra de miembros de las fuerzas armadas y la policía actualmente bajo la jurisdicción de los tribunales civiles a los tribunales militares, lo cual implica que todos los casos bajo disputa pasarían directamente al sistema penal militar una vez se acabe el periodo de revisión. Una cronología rápida como tal hace que sea probable que algunos casos de los falsos positivos, actualmente en el sistema de justicia civil, acaben en los tribunales militares.

Los tribunales militares pueden ser apropiados para cuestiones de disciplina militar, incumplimiento de órdenes, corrupción y las infracciones relacionadas con el ejército como insubordinación, pero no han tenido éxito en la rendición de cuentas del personal militar y policial responsables por violar los derechos de la población civil, incluyendo en los casos de ejecuciones extrajudiciales, violación sexual y tortura. Una vez irrumpió el escándalo de los falsos positivos en el 2008, el gobierno colombiano hizo importantes avances en la administración de justicia al transferir muchos de esos casos a tribunales civiles. No debería retroceder mediante la creación de nuevas leyes para proteger a los miembros de la fuerza pública del enjuiciamiento por violaciones de derechos humanos en tribunales civiles, donde las víctimas civiles puedan tener la oportunidad de un juicio justo. Además, en el avance de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, ambas partes se han comprometido a no “intercambiar impunidad” y prometieron que los derechos de las víctimas “no son negociables”. Estos proyectos de ley, de ser aprobados, socavarían tal compromiso, al igual de las obligaciones internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

AMNESTY INTERNATIONAL
LATIN AMERICA WORKING GROUP (LAWG)
WASHINGTON OFFICE ON LATIN AMERICA
WORLD ORGANISATION AGAINST TORTURE
ROBERT F. KENNEDY CENTER FOR JUSTICE & HUMAN RIGHTS
INTERNACIONAL OFFICE FOR HUMAN RIGHTS ACTION FOR COLOMBIA (OIDHACO) KOLKO – MENSCHENRECHTE FŰR KOLUMBIEN
ABCOLOMBIA
MENNONITE CENTRAL COMMITTEE US, WASHINGTON OFFICE
FELLOWSHIP OF RECONCILIATION PEACE PRESENCE
UNITED CHURCH OF CHRIST, JUSTICE AND WITNESS MINISTRIES
JESUIT CONFERENCE OF THE UNITED STATES
PRESBYTERIAN CHURCH (USA)
CENTER FOR INTERNATIONAL POLICY
COLOMBIAN CARAVANA UK LAWYERS GROUP
COLOMBIA SOLIDARITY COMMITTEE
ACAT FRANCE

lunes, 1 de diciembre de 2014

Activismo de UNPACU en Palmarito de Cauto #Cuba

Damas de Blanco y Fariñas dan detalles sobre Mª Luisa Arango, víctima de apuñalamiento #Cuba

Barcelona/ Mambí en A/ Aparentemente reinaba la paz este sábado 29 de noviembre en una vigilia permanente que mantienen activistas y opositores frente al Hospital Arnaldo Milián, de la ciudad de Santa Clara, donde se encuentra hospitalizada la Dama de Blanco María Luisa Arango Percival, acuchillada por José Alberto Botell Cárdenas.

Detalles ofrecidos sobre el parte médico de este día, por la Dama de Blanco Magaly Norvis Otero Suárez, miembro de la directiva nacional, y Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010.